Disponen que el juez Daniel Rafecas investigue a la sobrina de Cristina

La Cámara Federal porteña dispuso que sea el juez de ese fuero en esta jurisdicción, Daniel Rafecas, quien prosiga investigando una supuesta estafa con la construcción de una vía de acceso al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, en Santa Cruz, que involucra a Romina Mercado, sobrina de Cristina Kirchner e hija de la gobernadora Alicia Kirchner, según informaron ayer fuentes judiciales.

Rafecas se había declarado incompetente para tramitar la denuncia presentada por el actual interventor del yacimiento Río Turbio, Omar Zeidán, y remitió la causa a la justicia de aquella provincia, pero el fiscal federal Guillermo Marijuán apeló esa decisión y la Sala II de la Cámara la dejó sin efecto.

La resolución -firmada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah- mencionó “la eventual vinculación que dicho suceso (el denunciado por Zeidán) pudiera tener con aquellos que se investigan” en la causa -también vinculada a una presunta defraudación con fondos destinados a ese yacimiento- en la que fue procesado con prisión preventiva el ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido.

La denuncia se refirió a la obra de readecuación de la Avenida Yacimientos Carboníferos Fiscales, en el marco del “Convenio específico de asistencia financiera” celebrado el yacimiento y la Municipalidad de Rio Turbio.

La obra, por un costo estimado de 500 millones de pesos, fue adjudicada a la firma Fainser SA, cuya apoderada es Romina Mercado, sobrina de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Según la denuncia, la obra quedó inconclusa, pero se habrían adelantado pagos para favorecer a la empresa.

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Fainser SA fue una subcontratista de Isolux Corsán, la firma española que tuvo a su cargo la construcción de la usina termoeléctrica que impulsó el gobierno kirchnerista. Su valor inicial fue de 957 millones de dólares. Sumadas las once variantes analizadas por el actual Gobierno, su costo ascendió a 1.726.251.980 dólares. La obra es parte de la denuncia contra De Vido por malversación de fondos por $ 26.000 millones.