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La resolución fue tomada por una mayoría de cinco votos por el jurado de enjuiciamiento. Consideraron que los hechos por los cuales había sido acusado “fueron probados”. Críticas del abogado defensor
El camarista federal Eduardo Rodolfo Freiler quedó ayer destituido de su cargo por incumplir con sus obligaciones fiscales, consignar datos falsos en sus declaraciones de bienes y no poder justificar erogaciones que superaban a sus ingresos en más de 20 millones de pesos.
La decisión fue tomada por una mayoría de cinco votos, por el Jurado de Enjuiciamiento que ayer, en una audiencia en el edificio de la calle Libertad 731 del centro porteño (y a la que no asistió Freiler) pero de la que sí fueron parte los consejeros de la Magistratura que actuaron como acusadores en el proceso, el diputado Pablo Tonelli y el abogado Miguel Piedecasas.
Allí, la mayoría de los integrantes del Jury consideró probados los hechos por los cuales había sido configurada la acusación por presunto mal desempeño de sus funciones, a raíz de las irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas y de un nivel de gastos incongruente con sus ingresos.
En esa posición se enmarcaron los votos de la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, la camarista Inés Cantisani; los senadores nacionales Walter Basilio Barrionuevo (PJ Jujuy) y Silvia Giacoppo (Cambiemos Jujuy); y el juez Mario Márquez.
En tanto, la diputada nacional del FPV-PJ Diana Conti -para quien el proceso es nulo- votó en disidencia total y el abogado Raúl Piaggio hizo lo propio en disidencia parcial.
Conclusiones del fallo
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Entre las “conclusiones” que precedieron al veredicto, el Jury consideró probado que Freiler “consignó datos falsos” en sus declaraciones de bienes de los ejercicios 2014 y 2015, “incumplió en forma reiterada y sistemática con sus obligaciones fiscales” y “desde enero de 2012 hasta octubre de 2016 tuvo erogaciones que superaron con holgura sus ingresos”, en más de 20 millones de pesos.
Freiler, a quien el Consejo de la Magistratura había suspendido por seis meses, “no es un juez probo y debe ser removido de sus funciones”, considero el voto de la mayoría, para también se refirió a la “insolvencia moral” del juez.
Al término de la lectura y el veredicto, Tonelli dijo estar “satisfecho” con lo resuelto por el “Jury”, ya que el tribunal “hizo lugar a todos los cargos” que presentó la acusación, luego de una “investigación muy seria”, a la vez que Piedecasas afirmó que la remoción de Freiler “es una señal de institucionalidad” y “un ejemplo para la ciudadanía”.
Por su parte, Juan Bautista Mahiques, el representante del Poder Ejecutivo en la Magistratura, sostuvo que la decisión de remover de su cargo a Freiler constituye “una demostración de institucionalidad” y consideró “una satisfacción que la sociedad empiece a tener una Justicia más independiente y transparente”.
El fallo, de casi un centenar de carillas, marcó incongruencias entre los registros de la propiedad inmueble y automotor con relación a los números bienes que se le atribuyen al ex destituido camarista, que este justificó señalando que algunos son de su padre, Samuel Freiler, mientras que otros le fueron donados.
Como propiedad del destituido magistrado figuraban una decena de inmuebles -entre ellos una “casa de grandes dimensiones” cerca de la residencia presidencial de Olivos- y una cantidad similar de rodados, sumando autos de colección y cuatriciclos, una moto de agua y una embarcación, además de ganado bovino y equino.
El comportamiento de Freiler “impide un claro seguimiento y control del flujo de su patrimonio, pues lo que en definitiva se dificulta es el conocimiento del origen de los fondos con los que se adquirió los inmuebles”, consignó el voto mayoritario, que afirmó que el magistrado se colocó en un “intríngulis jurídico”.
Para la mayoría del Jury, las derivaciones del descargo de Freiler “deben ser analizadas con sumo cuidado”, pues “no hacen más que describir situaciones irregulares”, con posible consecuencias penal, por lo que el fallo fue notificada a la Cámara en lo Criminal Federal.
“No es tolerable que un funcionario público, máxime un magistrado de la Nación, pretenda eludir las obligaciones formales que se le imponen”, expresaron.
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