El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió que se cambien los requisitos para otorgar la tarifa social a usuarios de agua, luz y gas en la provincia de Buenos Aires, tras constatar que siete de cada diez en condiciones de acceder al beneficio no lo tienen. Lorenzino hizo el plantel a través de una resolución dirigida a los gobiernos nacional y provincial, empresas prestadoras de servicios públicos y entes reguladores provinciales.
En la recomendación, Lorenzino solicitó además que se comunique de manera clara en las facturas cuáles son las formas de acceder a la tarifa social y que se actualicen los listados con las personas en condiciones de acogerse al beneficio. Este pedido surge luego de la publicación de un informe elaborado por la Defensoría y el Observatorio de la Deuda Social Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El estudio indica que en el Gran Buenos Aires la tarifa social sólo alcanza al 30% de los usuarios que tienen derecho a solicitarla, para los servicios de agua corriente, energía eléctrica y gas.
Los principales motivos por los que las personas en condiciones de recibir el beneficio quedan fuera son la imposibilidad de presentar escrituras o contratos de alquiler y no acreditar ingresos formales, a lo que hay que sumarle barreras burocráticas y falta de información, indicó el escrito. “No puede ser que siete de cada diez personas que deben tener tarifa social queden fuera por requisitos inflexibles y alejados de la realidad”, indicó Lorenzino.
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