Con rechazo del peronismo, la Comuna se sumó al ajuste fiscal

Con una fuerte oposición de los bloques peronistas, el Concejo Deliberante votó ayer la adhesión a la ley de pacto fiscal impulsada por María Eugenia Vidal, que establece pautas precisas sobre la forma en que la Comuna deberá asignar partidas a cada área en los futuros presupuestos, así como restricciones en la planta de trabajadores y la adquisición de deuda.

El proyecto fue enviado por el Ejecutivo y se convirtió en ordenanza con los votos de Cambiemos y del bloque 1País, mientras que los bloques de Unidad Ciudadana, FpV-PJ y el monobloque del edil Fabián Lugli, votaron en contra de la iniciativa.

Como viene publicando EL DIA, la ordenanza establece la adhesión del municipio a la ley provincial 14.984, sancionada el mes pasado en la Legislatura, que establece un marco normativo para los distritos en materia presupuestaria y fiscal.

Entre los puntos más conflictivos se encuentra el que establece que para la confección del próximo presupuesto, es decir, el de 2019, la administración municipal deberá calcular la proyección de recursos por rubro en función de la ejecución presupuestaria del ejercicio previo o “en la metodología que se considere técnicamente más conveniente”.

Además, circunscribe la planta de personal permanente y temporario en base a la cantidad de habitantes de cada distrito, fijada a través de un cálculo que establecerá “la autoridad de aplicación”, que en este caso será el ministerio de Economía de la Provincia, a cargo de Hernán Lacunza.

Poco después de la asunción del intendente, Julio Garro, en la Ciudad había unos 10.500 trabajadores y unos 650.000 habitantes, entre municipales, cooperativistas y funcionarios, es decir, un empleado municipal cada 62 habitantes.

En tanto, el otro punto que resultó discutido de la norma provincial es el que acota el margen de endeudamiento que puede tener cada municipio y que en el caso de La Plata afirman que se encuentra “en orden”, con una deuda del orden de 300 millones de pesos.

POLéMICA

En medio de fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por la reforma jubilatoria y los incidentes ocurridos el lunes en torno al Congreso y el jueves pasado en la Legislatura, ayer, la concejal de Unidad Ciudadana Victoria Tolosa Paz y su par del FpV-PJ Lorena Riesgo representaron las voces de sus bloques que se opusieron marcadamente al acuerdo fiscal.

“Esta norma establece un mecanismo extorsivo porque aquellos municipios que no adhieran no podrán contar con los beneficios crediticios del Banco Provincia”, dijo Victoria Tolosa Paz al tiempo que remarcó que se trata de un “ajuste encubierto” porque limita la cantidad de empleados que la Comuna pueda adquirir en el futuro y cambia los cálculos del gasto corriente de cada comuna a regirse a travésdel Indice de Precios del Consumidor (IPC) en lguar del Producto Bruto Interno (PBI) y el Producto Bruto Geográfico, por lo que “va a haber un incremento en las diferencias entre municipios ricos y pobres”.

En tanto, Lorena Riesgo cuestionó que con la norma “se lesiona la autonomía de la Comuna, y debe consultarse a la Provincia para decidir sobre su planta y sobre la asignación de recursos a cada área, que deberá calcularse en función de lo ejecutado el año anterior.