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La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, publicó un tuit en el que denuncia a varias universidades por la supuesta “no presentación” de las declaraciones juradas de sus funcionarios. Entre ellas, la UNLP. De inmediato, en 7 y 48 salieron con los tapones de punta (y con documentación probatoria) contra la funcionaria.
“En estas universidades públicas nacionales casi ningún funcionario presentó declaración patrimonial: Córdoba 3/234 (3 sobre 234); Mar del Plata (10/200); La Rioja (4/50); La Plata (5/145); La Pampa (2/106)”, escribió Alonso y colocó el emoticón con el pulgar hacia abajo al lado de cada casa de estudios.
Como se dijo, la respuesta no se hizo esperar. “Ante la grave denuncia de la titular de la OA, Laura Alonso, la UNLP aclara a la comunidad que ha cumplido en tiempo y forma con la obligación de presentar las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios”.
Dice el comunicado: “La UNLP presentó en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios alcanzados por lo dispuesto en la Ley de Etica Pública. En total se presentaron 58 declaraciones juradas correspondientes a: presidente, vicepresidentes, secretarios, directora de la Biblioteca Pública, decanos y vicedecanos de las 17 facultades y directores de los 5 colegios”.
Añade que “la documentación exigida fue presentada el 23 de octubre de 2017, antes del plazo de vencimiento fijado para el 27 de ese mes. Es decir que la UNLP cumplió con el 100% de las presentaciones, en tiempo y forma. Toda la documentación original se encuentra a disposición”, subraya.
Luego expresa que “el propio sitio web oficial de la OA da cuenta del cumplimiento por parte de la UNLP. Allí se puede verificar el listado, en el que figuran 56 funcionarios como “cumplidores”. Aclaramos aquí que, por motivos que desconocemos, no figuran en esa lista el decano y el vicedecano de Ciencias Exactas (cuyas declaraciones también fueron presentadas en tiempo y forma), omisión que ya fue reportada”.
“En ese mismo sitio web de la OA hay otro listado donde figuran 89 supuestos incumplidores de la UNLP”, continúa y enfatiza que “ninguno de ellos es rector, decano ni secretario de la Universidad. De hecho, la mayoría de ellos son trabajadores no docentes, algunos ya jubilados, y, por lo tanto, no están alcanzados por las exigencias de la Ley de Etica Pública”.
Y remata: “Entendemos que la tarea de la Oficina Anticorrupción es de enorme importancia para la salud de las instituciones de la República. Por ello consideramos que es de suma gravedad que desde allí, y en la voz de sus máximas autoridades, se difunda información falsa que afecta seriamente a nuestra Universidad”.
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