La Embajada, recuerdos del horror

No sólo en Argentina, sino en el mundo, se tiende a olvidar que el mayor atentado terrorista perpetrado en el continente americano tuvo lugar en Buenos Aires, casi una década antes que se derribaran las Torres Gemelas de Nueva York. En ese momento concitó un asombro mayúsculo. Ese crimen superaba los que ya se venían cometiendo por diversas guerrillas y, sobre todo, los que planificaba, financiaba y ponía en práctica la República Islámica de Irán. Dos años después, ante la impotencia para condenar debidamente a sus autores, tuvo lugar el ataque contra la AMIA, que multiplicó de forma alucinante el número de víctimas y la hesitación para aplastar con eficacia la cocina del terrorismo.

El ataque contra la embajada de Israel ocurrió el 17 de marzo de 1992 a las 14.45. Un furgón Ford F-100 manejado por un enajenado suicida había sido cargado con explosivos y estrellado contra el frente de la sede diplomática localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha. El impacto no sólo destruyó por completo la embajada, sino que dañó de forma considerable a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. En ese ataque murieron 22 personas, entre israelíes y argentinos, e hirió a otras 242. Es obvio que este acto criminal no se tuvo en cuenta a personas inocentes, incluso ajenas por completo al manoseado conflicto palestino-israelí. Pronto se empezó a lucubrar que los autores que armaron todo el procedimiento habían ingresado al país desde la región llamada Triple Frontera, donde confluyen los límites de Argentina, Paraguay y Brasil. Por allí hacía tiempo que fluía el narcotráfico y otros tipos de delitos.

Se tiende a olvidar que el mayor atentado terrorista perpetrado en el continente americano tuvo lugar en Buenos Aires

La sociedad argentina e internacional expresó sorpresa por la acción tan brutal llevada a cabo en un país que se mantenía al margen de los problemas que afectan al Medio Oriente. El terrorismo expresaba su falta de límites y de códigos, que se iría incrementado con el tiempo. Las calles se llenaron de manifestaciones ciudadanas que repudiaban el crimen. Pero la Justicia nacional reveló su tradicional astenia. En vez de progresar de forma decidida en la investigación, prefirió enredarse en lucubraciones. En otros lugares hubo algunas diferencias.

En Estados Unidos, por ejemplo, se abocó al tema de inmediato el FBI, pero no difundió sus resultados. La jueza Ellen Segal Huvelle, en cambio, condenó a Irán a indemnizar a los familiares de una de las víctimas. El fallo de la jueza Segal Huvelle atribuye el atentado a la organización Hezbollah con el apoyo de Irán. El fallo aclara que la prueba en la que se apoya para dar por ciertos los hechos mencionados es la declaración de Patrick L. Clawson, un asesor independiente de la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, descripto en el fallo como “experto en asuntos iraníes”.

En Argentina la investigación del caso correspondió a la Corte Suprema debido a que los artículos 116 y 117 de la Constitución establecen la “competencia originaria” de ese tribunal cuando se trata de asuntos relacionados a embajadores, ministros y cónsules extranjeros. La causa se tramitó por el expediente 143/1992. Originalmente estuvo a cargo de Alfredo Bisordi, secretario penal de la Corte, bajo supervisión del presidente del tribunal, Ricardo Levene (hijo). Hasta 2015 la causa investigada por la Corte no había sido elevada a juicio. Por desgracia, constituye otro baldón para la justicia argentina.

En 1997 la causa fue encomendada al secretario Esteban Canevari. El 23 de diciembre de 1999 la Corte Suprema dictó una acordada estableciendo que los muertos habían sido 22 (y no 29 como se había informado oficialmente los años anteriores) y que la investigación debía orientarse a reunir las pruebas que establecieran la certeza de que el atentado había sido realizado por la Jihad islámica, brazo armado del Hezbollah, mediante un coche bomba para el que se utilizó una Ford F-100, comprada a un fotógrafo policial por un hombre con un documento a nombre de un ciudadano brasileño, Ribeiro Da Luz. Por esa resolución se dictó también una orden de captura contra Imad Mughnayah.10

En 2015, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzzetti declaró públicamente que en la causa había “cosa juzgada” por la acordada definitoria de 1999. La declaración produjo confusión ya que en 2006 la Corte Suprema había dictado nítidamente lo contrario: que la causa no había prescripto.

A este atentado se sumó en 1994 -como dijimos- el de la AMIA. En lugar de apresurar los mecanismos de diagnóstico, fue con el tiempo aprovechado para fines más espúreos todavía. Tras la muerte del Presidente Néstor Kirchner, el jefe del catastrófico populismo venezolano se instaló en nuestro país y logró persuadir a la Presidente Cristina de Kirchner sobre los beneficios que obtendría mediante el perdón a Irán con un impúdico Acuerdo. La tarea fue encomendada al canciller Timerman. Por último, quien se dedicó a profundizar esa patente traición a la Patria que cometían los más altos funcionarios de Gobierno fue el fiscal Alberto Nisman. Pero poco antes de presentar su explosiva denuncia en el Congreso, fue asesinado. Este hecho intentó ser vendido a la opinión pública-imbécil como un suicidio. Semejante suicidio no es verosímil ni en una mala novela policial.

En este aniversario del atentado a la embajada de Israel corresponde enfatizar cómo la impunidad que siguió a ese crimen fue un estímulo para crímenes mayores y el embarramiento mayúsculo de nuestras instituciones.

(*) Escritor