Sin acusados, a más de una semana del recital

A más de una semana del recital del Indio Solari en Olavarría, que dejó el saldo de dos muertos, la investigación avanza con lentitud y todavía no están los resultados de las autopsias ni hay acusados en la causa.

Por el momento, los productores del espectáculos, los hermanos Peuscovich, están considerados “sospechosos” en una causa que sigue manteniendo por carátula “averiguación de causales de muerte”.

En las últimas horas la fiscal del caso reunió más pruebas y tomó más testimonios, mientras que dispuso dos medidas cautelares que fueron rechazadas por el juez.

Una de estas dos medidas buscaba prohibir la salida del país de los dos sospechosos y la otra embargar sus cuentas,

El juez que entiende en la causa, Carlos Villamarín, rechazó las dos por entender que no había “verosimilitud del derecho” como tampoco riesgo de entorpecer la causa.

“falta una legislacion especifica”

“La verdad no sorprendió. Hay mucho descontrol porque todo sigue igual. Son recitales masivos y se justifican con que son espacios abiertos, pero si tenés esa masa de personas en localizaciones pequeñas, con poca policía y pocos medios... no cambia”, asegura el abogado Javier Miglino, fundador de la ONG “Defendamos Buenos Aires”.

Para él, esa “multitud” de gente equivalía a la población de una ciudad entera. Por eso, como a muchos argentinos, le extraña que el número de fallecidos no fuera mayor.

Además, está convencido de que ese cruce de acusaciones entre organizadores y políticos no va a terminar nunca y, finalmente, el caso quedará impune.

Lo ocurrido despertó el recuerdo de otros sucesos similares y que, pese al paso del tiempo, son una herida que permanece abierta para la sociedad del país suramericano.

Las pericias de la Fiscalía responsable del caso apuntaron a que se sobrepasó el aforo permitido, había dificultades para conseguir agua, zonas liberadas para la venta de drogas y escasa atención médica disponible.

“Siempre son las mismas vicisitudes: exceso de aforo, falta de controles, falta de médicos, y, a veces, falta de orientación y desesperación porque no pueden salir, lo que genera un maremágnum humano, lastimando e incluso quitando la vida a otros”, señala Miglino.

A su juicio, la norma que regula cuestiones como la seguridad o el acceso a los espectáculos en el país -y que fue modificada por última vez en 2009- no es suficiente.

“No hay una ley específica de espectáculos públicos masivos. Hay una constelación de ordenanzas y de legislaciones provinciales”, lo que hace que quede “relegado al capricho” de funcionarios y empresarios.

Por ese motivo, desde la ONG, piden una regulación “de envergadura” que no permita que se celebren espectáculos cerrados de más de 1.000 personas ni abiertos de más de 10.000 porque lo sucedido en el de Solari refleja que “es imposible controlar a una masa de esa capacidad”.

Asimismo, proponen que se obligue a cachear previamente a los asistentes, que se prohiba el consumo de alcohol en el lugar, que haya un médico o un puesto sanitario cada 50 personas y que exista un puesto de información por cada 100, de forma que se evite la desaparición de decenas de personas durante días, como ocurrió esta semana tras el concierto del rockero.

“El gasto medico y de información en un espectáculo de 10.000 personas no supera los 20.000 pesos (1.200 dólares), es decir, un pesos (seis centavos) por persona”, insiste Miglino, quien vuelve a dejar la pelota en el campo de los legisladores.