Un fallo ajustado a Derecho que no se compadece con el sentimiento popular

La ley sancionada en las últimas horas por el Congreso Nacional que, en síntesis, apunta a restringir para los condenados por delitos de lesa humanidad el beneficio del cómputo doble de los días pasados en detención preventiva –aprobada por unanimidad en el Senado y con sólo un voto en contra en Diputados- no hizo sino rectificar el error cometido por los legisladores en 1994 que, al aprobar en ese año la ley 24.390, incorporaron el beneficio del 2x1 en todo tipo de delitos. Ello implicaba que, a partir de los dos años de prisión sin condena firme, cada día de prisión preventiva se cuenta como dos de prisión o uno de reclusión.

Lo cierto es que, ahora, los senadores y diputados aprobaron un nuevo texto que, en síntesis, apunta a impedir que el reciente fallo de la Corte nacional se pueda aplicar a otros casos de condenados por delitos de lesa humanidad, en sendos debates y votaciones concretados en un contexto social de fuerte rechazo a la decisión del alto tribunal por parte de la inmensa mayoría de la población, los partidos políticos y los organismos de derechos humanos.

Concretamente, en el artículo primero de la ley votada en las últimas horas se determina que el cómputo doble de los días de detención sin condena que establecía la ley 24.390, denominada del 2 x 1 y que fue derogada en 2001, “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional”.

Los otros dos artículos de la norma aprobada estos días establecen que el 2 x 1 sólo podrá aplicarse a aquellos procesados que estuvieron detenidos mientras la ley estuvo vigente (entre 1994 y 2001) y aclarando que ésta es la “interpretación auténtica” que debe hacerse del beneficio como ley más benigna y que “será aplicable a las causas en trámite”. Con ésta última fórmula, el Congreso apunta a evitar la virtual catarata de recursos de ex represores que generó el fallo del máximo tribunal.

Sin embargo, más allá de los aspectos jurídicos, complejos de por sí y, además, rodeados de tecnicismos, lo que resulta reconfortante para la vida democrática del país es la reacción inmediata de la mayoría de la población, que se expresó en las plazas de todo el país en claro repudio a todo lo que pueda implicar un retorno al autoritarismo y, asimismo, en expreso rechazo a la represión genocida impulsada desde organismos del Estado durante el último gobierno militar.

Si bien podría aceptarse que el último fallo de la Corte que hizo extensivo el 2x1 a un represor, se ajustó a derecho -y, al mismo tiempo, dejó traslucir lo que significa el funcionamiento de la independencia de poderes, ya que desde el Gobierno se conocieron voces críticas sobre esa resolución- es verdad que los jueces del tribunal que integraron la mayoría no alcanzaron a entender la esencia del sentimiento popular dominante sobre este tan delicado tema, claramente contrario a la alternativa de que se beneficie con instrumentos procesales a los autores de crímenes tan abominables. Un especialista dijo con acierto que el origen del problema planteado no estuvo tanto en el fallo, sino en la ley que aprobó el 2x1 que, claramente, fue una pésima solución legislativa para la superpoblación carcelaria.

Está fuera de toda duda que los legisladores que integran la actual composición del Congreso reaccionaron bien y con prontitud, ante un fallo sólo ajustado a la letra de una ley que, en realidad, lo que buscaba en 1994 era encontrar una solución a los dilatados procesos judiciales, que se traducían en fuertes reclamos y motines en las cárceles. La nueva norma votada tiene, en cambio, la específica intención de evitar que los autores de crímenes contra la comunidad se vean favorecidos por un beneficio procesal promovido para otras finalidades.