Ofensiva de España para frenar el referendo separatista catalán

BARCELONA.- A días del referendo unilateral de Cataluña, prohibido por la Justicia, las fuerzas de seguridad españolas avanzaron ayer sobre las organizaciones sociales y la infraestructura que trabajan para que el próximo domingo se celebre algún tipo de votación, en el marco del asedio que impulsa el gobierno central de Mariano Rajoy contra los secesionistas.

A pesar de que la semana pasada Rajoy aseguró que la consulta ilegal del 1 de octubre estaba desarticulada, su Ejecutivo y la Justicia española intensificaron el operativo de “intervención” en Cataluña para evitar que los catalanes voten sobre la ruptura con España.

Cumpliendo con órdenes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), agentes de los Mossos d’Esquadra -la policía catalana- comenzaron a acudir ayer a las escuelas y centros cívicos elegidos por el gobierno catalán para funcionar como colegios electorales el 1 de octubre, para interrogar en calidad de “testigos” a sus directores y responsables.

PRECINTOS Y DESALOJOS

Además, el Ministerio Público dio órdenes a la policía para que precinte y desaloje los más de 2.000 puntos de votación antes del sábado, según un documento publicado por la prensa española. La directiva prohíbe también cualquier votación en la calle a menos de 100 metros de los “locales designados”. Las fuerzas de seguridad ocuparían esos centros designados en la tarde del viernes, al finalizar la jornada escolar, para evitar así que los militantes independentistas “tomen” las instalaciones.

Por otro lado, en un nuevo paso sin precedentes, la Guardia Civil española intervino la página web de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal organización de la sociedad civil que promueve la secesión, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior español.

La actuación, que se inició hace unos días por orden del TSJC, alcanza ya a más de 140 páginas web vinculadas al referendo. En las páginas bloqueadas aparece en la pantalla el emblema de la Guardia Civil y el siguiente mensaje: “Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición judicial”.

El líder de la ANC, Jordi Sánchez, denunció anteanoche en una entrevista con la televisión pública de Cataluña que la web de la asociación fue “interceptada” y atribuyó inicialmente el “bloqueo” a unos hackers ya que, dijo, no recibió ningún tipo de aviso ni notificación previa de la Guardia Civil. La decisión “atenta contra la libertad de expresión y la libertad política”, afirmaron desde la ANC.

Pese a que la página oficial de la Asamblea (www.assemblea.cat) fue bloqueada, la plataforma independentista abrió una nueva web, que permanece activa (www.assemblea.eu).

“El bloqueo fue denunciado a los Mossos d’ Escuadra, pero estamos alertas a cualquier otro movimiento de la Justicia ya que el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, fue acusado de sedición ante la Audiencia Nacional de España, lo que podría llevar a su detención”, indicó un vocero de la organización.

Frente al intento del gobierno español para abortar los planes de los independentistas, el presidente catalán, Carles Puigdemont, redireccionó a los internautas a los nuevos sitios que apoyan la consulta, a través de su cuenta en la red social Twitter. “No se pueden poner límites a la democracia: Consulta dónde votar el #1Oct. Ir a una de estas páginas”, posteó Puigdemont en un tuit que fijó al tope de su cuenta.

En este contexto, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, aseguró que la Fiscalía “se ha extralimitado en su actuación para frenar el referendo”, y anunció una investigación de oficio para determinar si se “transgredió el marco legal vigente”.

Desde que el Constitucional suspendió la consulta independentista, la Justicia española está actuando para impedir la consulta, desde diferentes frentes judiciales, mientras el gobierno catalán insiste en su celebración.

La semana pasada 14 personas fueron arrestadas y luego puestas en libertad tras prestar declaración por estar a cargo de la logística del referendo ilegal.

El operativo policial desencadenó una protesta masiva y permanente durante tres días en Barcelona, lo que llevó a la Fiscalía a acusar de “sedición” a los responsables de las organizaciones independentistas que estaban detrás de esa movilización.