José Maldonado
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A lo largo de 2017, 27 mil empleados públicos bonaerenses completaron sus trámites previsionales y pasaron a las filas del sector pasivo. La cifra marca un incremento de más del 22 por ciento con respecto a la cantidad de nuevos jubilados que hubo en 2016 y del 44 por ciento si se toma como parámetro el 2015. En total, desde que María Eugenia Vidal desembarcó en la Gobernación, más de 48 mil personas se jubilaron en la Provincia. Además, las proyecciones extraoficiales estiman que casi 30 mil nuevos empleados provinciales, municipales, docentes y penitenciarios se sumarán a la estructura del Instituto de Previsión Social en 2018.

Las cifras oficiales trascendieron mientras en la Provincia se discute, como nunca antes, la viabilidad y el futuro de todo el sistema previsional, un debate que replica al que se viene dando a nivel nacional a partir del proyecto de reforma que impulsó el gobierno de Mauricio Macri y que se sancionó en el Congreso en medio de una jornada de violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

El incremento progresivo de la cantidad de jubilados es uno de los términos de una ecuación que para muchos supone un alto riesgo. Es que, además, desde mediados de 2016, Vidal mantiene congeladas las designaciones de personal tanto en la planta permanente como en la planta transitoria de la administración pública provincial, una medida que tomó con el argumento del estado de emergencia de las cuentas al momento de su llegada la Gobernación pero que se convirtió en una verdadera política de Estado.

La sustentabilidad del sistema previsional de la Provincia ya comenzó a ponerse en discusión en el último tramo de 2017, con el tratamiento del proyecto de reforma a la caja de jubilaciones del Banco Provincia y que, para muchos, fue una suerte de ensayo de la discusión por venir. La norma, que eleva la edad de jubilación y modifica el cálculo para los haberes de los pasivos del sector, fue impulsada por Vidal con los números sobre la mesa: el déficit de la Caja del Bapro había superado ya los 5 mil millones de pesos anuales.

Las sesiones en las que se aprobó el proyecto terminaron con una discusión picante sobre el futuro del sistema previsional bonaerense, sobre el que muchos advierten riesgos si se profundiza la situación actual.

PROGrESION

Las cifras oficiales, a las que accedió EL DIA, hablan a las claras del incremento progresivo de la población de pasivos en la Provincia. En 2015, último año de la gestión de Daniel Scioli, se jubilaron 17 mil bonaerenses provenientes de los distintos regímenes de la administración pública provincia, el Servicio Penitenciario y de los municipios. En 2016, el primer año del gobierno de Vidal, el número saltó a los 21 mil. En 2017, a 27 mil. Y en 2018, según proyecciones de especialistas, se podría alcanzar los 30 mil nuevos pasivos en el IPS.

Con estos, números, y un global de 290 mil personas que cobran jubilaciones, en la Provincia comenzó a ponerse la mira sobre la ecuación activo/pasivo. Actualmente, las cifras indican que Buenos Aires está lejos del ideal, que es de cuatro aportantes por un jubilado: la ecuación bonaerense es de 3,2 activos por cada beneficiario del IPS.

A este escenario se le suman dos datos claves: el crecimiento en la expectativa de vida, que hace que los pasivos sean pasivos por muchos más años que antes, y el congelamiento de los ingresos al Estado. Todos los ingresos se produjeron en los últimos dos años, de hecho, fueron a través de contratos de locación que terminan generando aportes a la Anses, a través del pago del monotributo, y no al sistema provincial.

¿Como compensar esta brecha que se viene profundizando y que enciende luces de alarma en un sistema que históricamente ha sido superavitario pero que podría dejar se serlo?

En el gobierno de María Eugenia Vidal y en los bloques legislativos de Cambiemos hay varias miradas con respecto al debate que, coinciden todos, se va a terminar de instalar este año. Un ala con mirada técnica y economicista, la solución pasa por la armonización directa del régimen del IPS con el de Anses.

Las diferencias son enormes. Mientras que en la Provincia un docente accede a la jubilación ordinaria a los 50 años, en el Anses la edad es de 60 para las mujeres y 65 para los hombres. El mínimo de aportes en la Provincia es 25 años y en Anses de 30; para el IPS se establece como mejor cargo los tres mejores años consecutivos o cinco alternados de la carrera docente, para Anses los últimos diez años trabajados. Además, la jubilación puede ir del 70 al 85% del sueldo en actividad, mientras que en Anses no más del 52,5% con 35 años de aportes.

“No comparto para nada la posibilidad de ir a una armonización del sistema provincial con el nacional”, dice Juan Carlos Juárez, director gubernamental en el IPS en representación de la oposición. “Perdemos autonomía y considero que hay cuestiones institucionales, sociales y económicas que son propias de la Provincia”, agrega.

Para el funcionario, ex legislador del GEN, el debate debería incorporar modificaciones en algunas situaciones actuales que generan perjuicios. “Por ejemplo, considero que no debería contemplarse más la situación de quienes se jubilan en la Provincia con cargos de extraña jurisdicción, tanto de la actividad privada, de Nación o de otras provincias”.

Desde el oficialismo, el diputado Marcelo Daletto, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, es de los que opinan que el debate previsional será inevitable, pero considera que la situación sistema de jubilaciones de la Provincia está lejos de ser, por caso, la que presentaba la Caja Previsional del Bapro, cuya reforma se sancionó en diciembre. “Lo del Bapro era insostenible. Lo del IPS es una situación que habrá que empezar a debatir pero con la mirada en la sustentabilidad del sistema a diez, quince años. No porque esté generando un déficit de 6 mil millones anuales, como pasaba con las jubilaciones del banco”, afirma.

Para el legislador de Cambiemos, sin embargo, “no es ilógico” que algunos pidan la armonización de los sistemas. “Hay que mirar el tema desde quiénes son los que van a financiar el déficit. Si es el Anses, entonces que se pida determinadas cosas no es ilógico”, agregó.