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El viernes de Reyes, exactamente 16 años después de que fue implementada, la ley de Emergencia Económica dejó de estar vigente en el país.
La dura normativa fue dictada el 6 de enero del 2002 por el entonces presidente, Eduardo Duhalde, que llegó al sillón de Rivadavia luego del colapso del gobierno de De la Rúa, y la inestable sucesión de jefes de Estado que apenas duraban horas en el cargo.
Fue una compleja situación, donde el país había entrado en default externo y apenas le alcanzaba el dinero para pagar sueldos, mientras los depósitos estaban atrapados en el corralito bancario a la espera de una salida.
La emergencia delegaba en el Presidente una serie de facultades extraordinarias del Congreso, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las distintas divisas extranjeras.
La norma también permitía pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas, y regular los precios de la canasta básica.
Por eso, tal como con el Impuesto al Cheque, otra medida excepcional la Emergencia Económica se convirtió en una norma renovada una y otra vez aún en los períodos de fuerte crecimiento económico. De esta forma, el Congreso había quedado, así, atado a la discrecionalidad del Ejecutivo mucho más allá de lo permitido por la Constitución Nacional para la delegación legislativa.
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La Constitución en su artículo 76 establece: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
El plazo de dos años renovados una y otra vez y las materias de esta emergencia superaron cualquier límite durante el kirchnerismo.
Todos recuerdan que la Emergencia Económica fue utilizada en forma reiterada para minimizar los cálculos presupuestarios, una decisión que permitía reasignar partidas al arbitrio del jefe de Gabinete cuando la recaudación superaba el monto de lo establecido, cosa que se reiteró año tras año durante gestión anterior por el desborde inflacionario.
Lo cierto es que los especialistas estiman que poco cambiará con el final de la Emergencia Económica que dispuso la administración de Macri. Se debe a que las medidas adoptadas por el actual Gobierno tienden a la desregulación de la economía y, por lo tanto, alguna de las facultades permitidas por norma, ya dejaron, en la práctica de utilizarse, como ser la fijación del tipo de cambio o regular los precios de la canasta de alimentos básicos.
En septiembre del año pasado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, había oficializado la medida. “Este año, la ley de Emergencia Económica del 6 de enero del 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos”, aseguró entonces.
Más allá de los dichos, el fin de la emergencia tiene un efecto más simbólico que real. Apunta a decir que el Gobierno ya puede manejarse sin un instrumento que, en la práctica, ya había archivado en el arcón de los recuerdos.
“La emergencia económica delegaba en el Presidente una serie de facultades extraordinarias del Congreso”
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