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El detenido empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos, se sentaron ayer por primera vez en el banquillo de los acusados para enfrentar un juicio oral por lavado de dinero obtenido de manera ilícita con obra pública durante el kirchnerismo.
Los Báez y otros 20 procesados están acusados por maniobras para ingresar al circuito financiero legal al menos 60 millones de dólares y ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) reclamaron la suspensión del juicio aludiendo a distintas irregularidades.
Los jueces dispusieron un cuarto intermedio hasta el miércoles de la próxima semana, cuando resolverán sobre una catarata de planteos hechos para frenar el juicio por la llamada “ruta del dinero K” .
El abogado de Báez, Victor Hortel, abrió la etapa dedicada a las cuestiones previas pasado el mediodía al reclamar la nulidad de la elevación a juicio del caso, y pidió que se suspenda el debate hasta que se resuelva una recusación presentada para apartar al juez suplente del caso, Rodrigo Giménez Uriburu.
Al planteo del abogado del dueño de Austral Construcciones siguieron con el mismo fin los de otros defensores de los 25 acusados, entre ellos los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Luciana y Melina.
Con distintos argumentos, las defensas de otros acusados se sumaron al planteo sobre este juez, quien desde febrero próximo integrará el Tribunal Oral Federal 2 que iniciará el juicio contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros acusados por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
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Gimenez Uriburu fue nombrado juez sustituto para intervenir en caso de algún inconveniente de los tres miembros del Tribunal, Costabel, Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti.
También hubo otros pedidos de suspender el debate porque, por ejemplo, restan resolver pedidos de suspensión del juicio a prueba, hechos por tres procesados.
El juicio a Báez, sus cuatro hijos y a otros 20 acusados empezó puntual a las 9.30, luego del ingreso a la sala del detenido Báez, quien había llegado poco antes de las 7 desde la cárcel de Ezeiza, en la que está preso por esta investigación.
Los procesados están acusados de montar “una estructura jurídica y bancaria en el país y en el extranjero” para ingresar al circuito económico formal y dar “apariencia de legalidad” unos 60 millones de dólares a través de diferentes maniobras.
Entre ellas, se enumeró la compra de bonos de deuda pública argentina para su posterior reintroducción al mercado local mediante activos que ingresaron al patrimonio de Austral Construcciones. También se juzga el episodio conocido como “la Rosadita”, cuando Martín Báez, Rossi y otros juzgados fueron filmados en la ex financiera SGI, de Puerto Madero, contando cinco millones de dólares que habían transportado desde Río Gallegos en un avión privado.
Los fondos, según la acusación, tuvieron origen “en ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Báez en el marco de un amplio escenario de corrupción en la obra pública”. En esta causa llegará a juicio oral en febrero próximo la ex presidenta Cristina Kirchner.
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