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El fiscal Marcelo Romero apuntó contra el titular de ATE Provincia, Oscar De Isasi, y de Ensenada, Francisco Banegas, por el supuesto intento de “coacción” al ministro Lacunza
Un fiscal platense imputó ayer a dos dirigentes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el posible delito de coacción durante la toma del edificio del ministerio de Economía bonaerense ocurrida hace dos semanas en el marco del conflicto por el Astillero Río Santiago.
El titular de la UFI 6 Marcelo Romero apuntó contra el máximo referente de ATE Provincia, su titular, Oscar De Isasi, y el secretario del gremio en Ensenada y trabajador de Astillero Río Santiago Francisco Banegas por su participación en la protesta que se realizó el 18 de septiembre pasado.
Ese día, un grupo de trabajadores de la planta naval de Ensenada ocuparon la sede de la cartera ubicada en calle 8 entre 45 y 46, donde permanecieron durante largas horas exigiendo ser recibidos por el ministro Hernán Lacunza. Todo terminó en la madrugada del 19, a partir de una intervención de la Pastoral Social del Arzobispado de La Plata.
En el expediente, se considera que De Isasi y Romero abusaron “de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron” e intentaron “coaccionar” al ministro de Economía para la concreción de una reunión “que había sido previamente concertada y programada”.
Y, sostuvo que “abusando de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron” los sindicalistas incitaron a los trabajadores “a que ocupen violentamente las instalaciones de Hacienda” en La Plata.
El conflicto de Astilleros se ubicó en los últimos días en medio de fuertes cruces políticos, luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal apuntara contra el intendente kirchnerista de Ensenada Mario Secco, a quien responsabilizó por “provocar” hechos de violencia en la planta naval.
Justamente, en su escrito el fiscal Romero también hizo referencia al alcalde de Ensenada, al recordar su irrupción a fines del año pasado en el recinto de la Cámara de Diputados. “Sólo recibió de las instituciones del Estado un ‘chas chas en la cola’”, dijo el fiscal.
Sobre la jornada de la toma, Romero dijo que en el interior del Ministerio, “provocaron daños de distinto tipo contra el patrimonio público”, impidiendo su labor a funcionarios, “interrumpiendo por completo la actividad ministerial, con el consiguiente perjuicio para el erario público”.
Además, señaló que está documentado el momento en el que Oscar De Isasi y Francisco Banegas, entre otros, “ingresaron forzando el portón de acceso a las instalaciones del Ministerio de Hacienda de la Provincia”.
El fiscal encuadró los hechos “prima facie” en los delitos de “coacción agravada”, como también “incitación a la violencia colectiva y atentado contra la autoridad”. En ese marco, imputó a Banegas y De Isasi como “dos de los autores penalmente responsables” de tales delitos.
Ayer, consultado por este diario, uno de los imputados, el secretario general de ATE Provincia Oscar de Isasi, dijo que “desde hace una semana se veía que desde el gobierno provincial algunos funcionarios desplegaron una estrategia para ubicarnos en un plano delictivo y no gremial”. (Ver recuadro).
“Que Secco haya irrumpido meses atrás en uno de los recintos legislativos, proferido amenazas e interrumpido la sesión y que como única respuesta del Estado haya recibido un ‘chas chas en la cola y a la cama sin comer postre’ no implica que se soslaye, en este caso, la gravedad de los actos de ATE”
“La primera reacción será, entonces, denunciar la ‘criminalización” de la protesta. La segunda, erigir en ‘mártires perseguidos’ a los imputados. La tercera, horadar la independecia del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia reduciéndolas a ‘mandaderos’ al servicio del Gobierno”
“No se trata de desconocer el derecho de reunión, petición y protesta. Simplemente, es hora de impedir que bajo su manto sagrado se continúen legitimando acciones criminales de distinta gravedad que bastardean el concepto”
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Durante la ocupación, desde ate ensenada exigían ser recibidos por el ministro hernán lacunza/archivo
Marcelo Romero Fiscal
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