Sillas vacías y la angustia de imaginar otro final posible

Leonel Ayala tenía 32 años, era docente, inspector de enseñanza artística y músico. Vivía en el centro de Florencio Varela y no tenía enfermedades preexistentes. Por un dolor abdominal, el 5 de marzo fue a consultar a la clínica Ranelagh, donde le diagnosticaron pancreatitis y le hicieron una endoscopía para examinar posibles obstrucciones en los conductos biliares o pancreáticos. Tenía cálculos en la vesícula, nada grave, pero le perforaron el duodeno y le agravaron el cuadro. La familia decidió derivarlo al hospital Italiano de La Plata, donde finalmente lo operaron el 4 de abril. La cirugía salió bien, pero tres días después todo cambió, se agravó el cuadro y murió a las 15.40 del 12 de abril, 10 minutos después de Ramón Alvarez, el padre de Clarisa.

En el acta de defunción solo se detalló que la causa había sido pancreatitis aguda y paro cardiorrespiratorio. Su familia supo lo del fentanilo el 13 de mayo, por una publicación en redes que informaba que la ANMAT había clausurado los laboratorios HLB-Repharma y Ramallo por lotes contaminados con Klebsiella pneumoniae productora de MBL y Ralstonia.

En la historia clínica de Leonel figuraba esa bacteria en un estudio que le hicieron el último día de vida.

Alejandro, su hermano, es una de las caras visibles en la lucha que emprendieron las familias en busca de Justicia.

“La visibilidad mediática ayuda a ejercer una presión política, porque nosotros fuimos abandonados, desamparados, hemos sufrido violencia institucional por parte de los centros médicos para conseguir las informaciones. Tampoco reportaron las muertes en tiempo y forma”, denuncia, lo que demuestra “una crisis institucional fuerte y compleja. La visibilidad ayuda también a que la sociedad preste atención y sepa lo que está pasando con el tema medicamentos, porque actualmente no hay controles”.

Al igual que la mayoría de los familiares de fallecidos, Alejandro cree que “hay una cifra negra de muertes” que impide conocer la magnitud exacta de esta catástrofe: “Se aplicaron 45 mil ampollas en cuatro provincias” y se investiga a “algunos centros médicos que siguieron aplicando el fentanilo adulterado después del alerta epidemiológica del 8 de mayo”, resalta.

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Reconoce Alejandro que la coordinación entre las familias impulsó el avance de la causa y eso se reivindicó en las concentraciones del martes, pero la realidad es que en estas fiestas habrá “sillas vacías y familias destruidas”, por la incertidumbre de imaginar que los suyos podrían estar vivos. “Les quitaron la oportunidad de luchar y sobrevivir”, cierra.