Intendentes del peronismo bonaerense rechazaron hoy el proyecto de Ley de Presupuesto 2019 enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal a la Legislatura. Los jefes comunales se reunieron con diputados y senadores del kirchnerismo y del PJ dialoguista en la Cámara de Senadores.
Participaron del encuentro los intendentes de Ensenada, Mario Secco; de Cañuelas, Gustavo Arrieta; de Esteban Echeverría, Fernando Gray; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; de La Matanza, Verónica Magario; de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Florencio Varela, Andrés Watson; del partido de la Costa, Juan Pablo De Jesús; y de Merlo, Gustavo Menéndez.
También, los de Hurlingham, Juanchi Zabaleta; de Zárate, Osvaldo Caffaro; de San Antonio de Areco, Francisco Durañona; de Punta Indio, Hernán Yzurieta; de Pehuajó, Pablo Zurro; de Tordillo, Héctor Olivera; de Castelli, Francisco Echarren; de Villa Geraldo, Gustavo Barrera; de Saavedra, Hugo Corvatta; de Daireaux, Gustavo Acerbo; de Laprida, Alfredo Fisher; de González Chaves, Marcelo Santillán; de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo; y de Roque Pérez, José Luis Horna.
El intendente Gray criticó las propuestas de traspaso de gastos a los municipios de la tarifa social eléctrica ($8.000 millones) y de los subsidios al transporte ($2.450 millones), así como la transferencia de la compensación que la provincia le pagaba a la Ceamse ($2.500 millones) a los 33 municipios que depositan sus residuos en los predios de la empresa.
"Este es un ajuste provincial y nacional. Nos quiere hacer pagar el costo político de algo que tienen que hacer ellos. No nos corresponde poner los fondos para subsidiar los servicios públicos", opinó. En tanto, Ferraresi analizó que "el planteo unánime de los intendentes es que este presupuesto no se puede votar, porque va en contra de la autonomía municipal y ahoga a las comunas".
A su turno, Magario planteó que "es un presupuesto que no va a beneficiar a los bonaerenses, porque la provincia les transfiere a los municipios las tarifas que le pasa Nación, con lo cual la gente no podrá tener tarifa social en los servicios".
En esa línea, Secco planteó que "este presupuesto ajusta todo", dijo que "se nos hace cada vez más difícil gobernar ciudades con un modelo que lastima tanto al pueblo argentino", y apuntó que "no tenemos la posibilidad de fijar políticas de crecimiento". Luego, Durañona expuso que "tiene que haber diálogo con el oficialismo, pero este presupuesto es inaceptable porque plantea un ajuste bestial para el interior".
El presupuesto que envió el Ejecutivo a la Legislatura contempla gastos por $ 929.000 millones, un déficit de $ 40.000 millones, y tiene como prioridades la obra pública, la inversión social y mejoras en materia de seguridad.
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