Ordenan que vuelvan a prisión dos manifestantes por los disturbios en el Congreso

Un tribunal de segunda instancia decidió ayer confirmar el procesamiento de los manifestantes César Arakaki y Dimas Ponce y ordenó que sean de nuevo detenidos por los disturbios generados a las puertas del Congreso el pasado diciembre durante el tratamiento de la reforma jubilatoria.

Concretamente, la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal resolvió confirmar las acusaciones contra Arakaki y Ponce, militantes del Partido Obrero, por lesiones en agresión y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas.

Ambos ya permanecieron detenidos desde las graves protestas de diciembre por la reforma del sistema previsional impulsada por el Gobierno de Mauricio Macri -que dejaron más de cien heridos entre manifestantes y policía-, hasta finales de enero, cuando un juez federal les concedió la libertad provisional.

El pasado 15 de febrero, la defensa de los dos manifestantes había pedido su sobreseimiento, algo que finalmente no ha sido aceptado.

Ahora, la Cámara vuelve a imponerles la prisión preventiva y confirma el embargo sobre sus bienes por 300.000 pesos, aunque rechaza que sean acusados por un delito de rebelión, tal y como había pedido la Fiscalía.

“Las imágenes que documentan lo sucedido son claras. Ilustran que César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce atacaron a Brian Fernando Escobar (oficial de la Policía de Buenos Aires) valiéndose de piedras, del estandarte de una bandera y de dos palos cortos con puntas afiladas, cuando la víctima yacía gravemente herida e inconsciente en el suelo”, remarcan los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah en el fallo. El ataque, según continúan, se produjo mientras Escobar y su unidad eran objeto “de un impresionante bombardeo de proyectiles de distinto tipo y tamaño”.

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“Las pruebas obrantes en el expediente indican que las lesiones sufridas por el agente Escobar se produjeron en un contexto de agresión, en el que participó un significativo número de personas”, añade el texto judicial, que remarca que todos ellos “no han sido por el momento identificados en su totalidad. Los magistrados remarcaron la necesidad de “identificar y de dar con el paradero del resto de los agresores”.