Fentanilo contaminado: hace un año explotaba el escándalo judicial por el desastre sanitario con impacto mortal en La Plata

El 8 de mayo de 2025 quedó marcado como una fecha bisagra para el sistema sanitario argentino. Ese día, la ANMAT prohibió la distribución del fentanilo elaborado por HLB Pharma luego de comprobarse la contaminación bacteriana de uno de sus lotes. Lo que en un primer momento apareció como una alerta técnica terminó convirtiéndose en la investigación judicial sanitaria más grande y compleja de la historia reciente del país, con epicentro en La Plata y consecuencias que todavía siguen expandiéndose.

En total son 162 casos,  de los cuales 114 fallecieron y 48 sobrevivieron a la infección producida por el medicamento adulterado por al menos dos bacterias que según las pericias “incrementaron su riesgo de muerte”. El Hospital Italiano platense fue uno de los primeros en detectar irregularidades, denunciar el caso y constituirse como querellante. En esa institución privada murieron 15 pacientes como consecuencia directa del suministro del fentanilo contaminado, según quedó acreditado en el expediente.

A un año del inicio del escándalo, la causa judicial que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, avanza hacia una nueva etapa. El expediente ya contabiliza 114 pacientes fallecidos y decenas de sobrevivientes con secuelas severas, mientras se preparan ampliaciones de procesamiento y posibles nuevas imputaciones que podrían alcanzar no solo a responsables de los laboratorios involucrados sino también a organismos de control del Estado.

La Plata, "kilómetro cero" del fentanilo mortal

El caso sacudió especialmente a la ciudad de La Plata, donde el brote fue detectado inicialmente en el Hospital Italiano local. Allí comenzaron a registrarse cuadros infecciosos inusuales en pacientes internados que habían recibido fentanilo como parte de sus tratamientos médicos. Las investigaciones posteriores permitieron detectar la presencia de bacterias altamente resistentes, como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, en ampollas correspondientes a lotes elaborados por HLB Pharma.

La tragedia sanitaria empezó a tomar forma semanas antes de la intervención oficial. Según reconstruyó la investigación judicial, el primer paciente infectado fue detectado el 21 de abril de 2025 en el Hospital Italiano de La Plata. Tras diversos estudios microbiológicos y controles internos, las autoridades del centro médico notificaron a la ANMAT el 2 de mayo. Apenas días después, el organismo realizó la denuncia formal ante la Policía Federal y la causa quedó radicada en el juzgado federal platense.

Con el correr de los meses, el expediente creció de manera exponencial. Actualmente se trata de una causa gigantesca: más de 400 legajos y sublegajos digitalizados, decenas de cajas con documentación y cientos de dispositivos electrónicos forman parte de la investigación. La magnitud del caso obligó incluso a reconstruir manualmente la trazabilidad de miles de ampollas distribuidas en hospitales y clínicas de todo el país debido a la inexistencia de un sistema moderno de seguimiento para este tipo de medicamentos.

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Uno de los puntos más delicados del expediente es la responsabilidad de los organismos de control. La Justicia investiga por qué, pese a inspecciones previas que habían detectado irregularidades graves en Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, nunca se avanzó con medidas más contundentes que evitaran la continuidad de la producción. Las auditorías realizadas entre 2022 y 2024 ya habían advertido fallas críticas en los procesos de fabricación y condiciones sanitarias deficientes. Sin embargo, según surge de la causa, no existieron controles posteriores suficientes para verificar que las anomalías hubieran sido corregidas.

En esa línea, la nueva etapa de la investigación pone bajo la lupa a funcionarios y áreas técnicas vinculadas a la ANMAT y al Instituto Nacional de Medicamentos. El foco ya no está solamente sobre quienes elaboraron y distribuyeron el producto contaminado, sino también sobre quienes debían controlar su calidad antes de que llegara a pacientes internados en estado crítico.

Hasta el momento, la Justicia procesó a 13 personas por adulteración de sustancias medicinales seguida de muerte, un delito cuya pena puede alcanzar los 25 años de prisión. Entre los principales acusados aparece el empresario Ariel García Furfaro, señalado como uno de los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. También fueron procesados directivos, técnicos y responsables de áreas de producción y control de calidad. Algunos permanecen detenidos, mientras otros continúan bajo restricciones judiciales y embargos millonarios.

Reclamo por las muertes en el Hospital Italiano platense

Pero más allá de la dimensión judicial, el caso dejó una huella profunda en cientos de familias. En La Plata, familiares de víctimas comenzaron a organizarse para reclamar justicia y exigir respuestas. Muchos sostienen que todavía no se conoce la verdadera dimensión de la tragedia y denuncian que hubo demoras en reconocer oficialmente algunos fallecimientos asociados al medicamento contaminado.

Las movilizaciones realizadas en la capital bonaerense durante los últimos meses estuvieron atravesadas por escenas de enorme dolor: fotos de pacientes fallecidos, testimonios de familiares y reclamos dirigidos tanto a la Justicia como a las autoridades sanitarias nacionales.

En paralelo, la causa también abrió interrogantes más amplios sobre el sistema de fiscalización sanitaria argentino. La investigación judicial detectó vacíos normativos y mecanismos de control considerados obsoletos para medicamentos sensibles como el fentanilo. Según surge del expediente, el sistema de trazabilidad vigente resultaba insuficiente para seguir el recorrido individual de cada ampolla distribuida. Esa falencia complicó enormemente el retiro del producto contaminado y la reconstrucción de los casos afectados.

Los investigadores calculan que decenas de miles de dosis fueron aplicadas antes de que se emitiera la alerta sanitaria nacional. Algunas estimaciones judiciales hablan de más de 33 mil ampollas administradas en distintos puntos del país antes de la prohibición oficial.

Otras tragedias y un expediente que crece

La comparación con otras tragedias argentinas empezó a aparecer de manera recurrente alrededor del caso. En distintos sectores judiciales y políticos se trazaron paralelismos con episodios como Once o Cromañón, no solo por la cantidad de víctimas sino también por las posibles fallas estructurales del sistema estatal de control. La diferencia, en este caso, es que las muertes ocurrieron silenciosamente dentro de hospitales y terapias intensivas, lejos de la exposición pública inmediata que suelen tener otras catástrofes.

Mientras tanto, el expediente continúa creciendo. En los tribunales federales de La Plata ya se habla de nuevas medidas judiciales inminentes y de una posible ampliación del número de imputados. Los investigadores todavía buscan determinar si existieron otros responsables ocultos detrás de las empresas involucradas y si hubo negligencias o encubrimientos dentro de los organismos encargados de fiscalizar la producción farmacéutica.

A un año de la explosión del caso, la tragedia del fentanilo contaminado sigue representando una de las páginas más oscuras de la salud pública argentina reciente. Un expediente gigantesco, decenas de familias atravesadas por el dolor y un sistema sanitario obligado a revisar sus mecanismos de control conforman el escenario de una causa que todavía está lejos de cerrarse.