Imputaron a Hugo y a Pablo Moyano por presunto lavado de dinero y extorsión

El dirigente camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo fueron imputados ayer por la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, por supuesto lavado de dinero y extorsión, en una causa vinculada con el papel que desempeñan al frente del Club Independiente.

Al mismo tiempo, la Justicia debe resolver si corresponde a la justicia de Córdoba o al juez Claudio Bonadio otra causa contra Hugo Moyano, por presunto lavado y defraudación en la compra de terrenos para el Sindicato de Choferes de Camiones, en la localidad cordobesa de La Falda.

En tanto, Moyano y su hijo Pablo denunciaron ayer a la diputada Elisa Carrió por la supuesta comisión del delito de “incitación a la violencia colectiva”, por haber comparado a Moyano con el sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa, que desapareció en 1975. (ver aparte)

En la causa de Quilmes, a cargo del juez federal Luis Armella, la fiscal Silvia Cavallo elevó el dictamen con la imputación contra los Moyano en una causa derivada de otra investigada en Lomas de Zamora, contra la barrabrava de Independiente y algunos de sus dirigentes.

La fiscal Cavallo también imputó el secretario general del Club Independiente, Héctor “Yoyo” Maldonado, y a los directivos de la firma Aconra SA, “sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas”.

La fiscal le imputó a los Moyano y a Maldonado “el haber montado una estructura” dentro de Independiente “destinada a cometer delitos y lavado de dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de la empresa de turismo ‘Martín Tur’, sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior”.

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La fiscal los acusó también de extorsionar a “empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente” y de promover el “posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano (Aconra SA)”.

“Otro aspecto ilícito de esta asociación delictual se realizaría a través de la contratación del servicio de catering a la ‘Panadería del Valle’ que es abonado y cuya contraprestación nunca es realizada”, sostuvo la fiscal.

La representante del Ministerio Público sostuvo que “también se utilizaría a la financiera ‘Global Finanzas SA’ adonde va dirigido el dinero obtenido de la reventa ilegal de entradas y/o de’ los pases de los jugadores, siendo que uno de sus dueños también sería directivo del club”.

La fiscal le solicitó al juez Armella la realización de 13 medidas de prueba de corte patrimonial con el objetivo de constatar la supuesta comisión de los delitos investigados y denunciados por el barrabrava de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez en su declaración ante el juzgado de Lomas de Zamora.

El año pasado, el juez de instrucción de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, dictó la prisión preventiva para el barrabrava Pablo “Bebote” Álvarez, y para el ex vicepresidente de la institución Noray Nakis, entre otros, tras sindicarlos como integrantes de una asociación ilícita.

El expediente ante la justicia de Lomas de Zamora se inició con una denuncia del subsecretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Lugones, en relación a una presunta asociación ilícita que funcionaría en torno al club Independiente.

En esa causa se investigan los aprietes de la barra brava de Independiente al director técnico Ariel Holan y a los jugadores, a los que les habrían exigido dinero para no insultarlos durante los partidos.

La misma presunta asociación ilícita se habría dedicado o dedicaba a falsificar entradas y bonos de socios, reventas, y al manejo de los “trapitos” y las parrillas de las inmediaciones del club de Avellaneda, con connivencia de un sector de la dirigencia de esa institución.

OTRA CAUSA EN CÓRDOBA

Fuentes judiciales informaron que el juez federal cordobés Alejandro Sánchez Freytes remitió un exhorto para definir si la causa radicada en Córdoba contra Hugo Moyano, por la compra de terrenos para su gremio, se mantiene en la ciudad mediterránea o se remite a la jurisdicción porteña, donde el juez Claudio Bonadio acumula la mayoría de las causas contra del titular del Sindicato de Camioneros.

El fiscal federal cordobés Gustavo Vidal Lascano denunció que el gremialista, fue parte de una “operación sospechosa” en la compra de varios terrenos por un valor de sólo 300 mil pesos.