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El crecimiento del número de juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires –estimándose que este año habrá 250 procesos bajo esa modalidad- y la defensa de ese sistema realizada en estos días por la Asociación Argentina de Juicios por Jurados (AAJJ), se conjugan para alentar fundadas expectativas por este mecanismo procesal que, muy probablemente, podrá alterar en forma positiva la dinámica de los tribunales penales.
Al margen de los profundos debates doctrinarios que suscitó antes de su puesta en vigencia, lo cierto es que las primeras experiencias de esta práctica prevista en la Constitución nacional, determinan que en la Justicia bonaerense casi el 70 por ciento de los procesos desarrollados concluyó en sentencia condenatoria. Este panorama surge de un estudio realizado por la AAJJ, una de las entidades impulsoras de esta práctica, que por ahora sólo se implementa en tres provincias.
Tal como se reflejó en este diario, un directivo de la Asociación reseñó que en estos tres años de aplicación del juicio por jurados no se ha suscitado ningún escándalo en los procesos, lo cual muestra un asentamiento de la práctica que, lógicamente, es paulatino porque aún hay mucha gente que no conoce que este tipo de juzgamiento es un derecho del acusado, que puede elegir ser juzgado por ciudadanos comunes cuando está imputado de un delito con una pena mayor a 15 años de prisión.
De acuerdo al análisis de la AAJJ, el 69 por ciento de los juicios realizados desde 2015 terminó en condena y el 31 en absolución, tendencia que se mantuvo desde el inicio de los debates de este tipo y que fue en aumento cada año. Explicaron que las cifras muestran que el jurado de Buenos Aires se está comportando casi como un jurado de los Estados Unidos, ya que el índice entre condenas y absoluciones es muy parecido al de varios estados norteamericanos, donde se ubican en 70/30 ó 69/31.
Otra cuestión que fue advertida en estos tres años es que los jurados elevan la calidad de la Justicia, según dijo la directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que encuestó a jueces, fiscales y defensores oficiales que intervinieron en este tipo de debates. Dijo que el jurado está modificando las prácticas y está empujando a que el sistema cumpla finalmente con su misión de un sistema verdaderamente acusatorio. Por ejemplo, ahora los defensores cambian la forma en la que preparan un caso y en la que litigan.
Los defensores del sistema siempre enfatizaron que, con la puesta en vigencia del juicio por jurados, se permite a la sociedad que pueda participar en una materia tan delicada como lo es la seguridad, convirtiendo a cada miembro en soberano en cuanto al juzgamiento penal de los procesados. De este modo, la responsabilidad no recae solamente en los funcionarios de la administración de Justicia, sino que el pueblo representado por ellos podrá compartir, aunque fuera parcialmente, dicha responsabilidad, ganándose también en términos de celeridad de juzgamiento.
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Es de esperar, entonces, que estas primeras experiencias en los tribunales penales bonaerenses permitan avanzar hacia conclusiones de fondo que sean positivas para la administración de Justicia y para la propia vida ciudadana, sobre cuya responsabilidad y grado de compromiso descansa, en buena medida, la mejor tradición de este sistema.
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