El empresario acusado de cometer la mayor estafa de la historia declara ante Servini

El empresario Enrique Blaksley Señorans, detenido ayer como acusado de la mayor estafa en la historia argentina, realizó esta tarde una exposición de alrededor de una hora ante la jueza federal María Servini y se contestó preguntas en el marco de su indagatoria, informaron fuentes judiciales. En tanto, uno de los socios de Blaksley, Federico Dolinkue, y su cuñada, Verónica Inés Vega, que también tendría vinculación con los hechos, se entregaron en los tribunales de Comodoro Py 2002 en Retiro, acompañados de sus abogados.

La jornada comenzó con el traslado de Blaksley, llamado el “Madoff argentino”, al juzgado de Servini desde la comisaría comunal cuarta de Parque Patricios, adonde había quedado alojado ayer tras ser detenido en su casa del country Pacheco Golf de esa localidad del partido de Tigre. Al mediodía se entregó Dolinkue, en tanto que poco después lo hizo Vega, quienes no habían sido hallados en los allanamientos realizados ayer y estaba en calidad de prófugos, dijeron las fuentes consultadas.

Alrededor de las 14, acompañado por su abogado, Blaksley realizó una exposición de alrededor de una hora y luego comenzó a responder preguntas tanto de Servini como de la fiscal Alejandra Mángano, en el marco de una audiencia que estaba previsto que se extienda por varias horas. Los delitos que se le imputan a los involucrados son estafa, captación de ahorro del público no autorizada agravada, lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita.

El empresario y otro de sus socios, Alejandro Carozzino, fueron detenidos ayer acusados de acusado de concretar una megaestafa calculada en 550 millones de pesos a más de mil ahorristas de todo el país, mediante la suscripción de contratos de inversión a tasas muy superiores a las del mercado. De acuerdo con los abogados querellantes, la estafa sería la mayor de la historia argentina e incluso latinoamericana por la cantidad de damnificados y los montos involucrados, ya que los ahorristas invertían -en promedio- entre 3.000 y 20.000 dólares.

Además, la magistrada pidió que sean indagadas otras 14 personas, algunas de ellas familiares de Blaksley, y solicitó que se realicen 40 allanamientos en domicilios particulares, estudios jurídicos y contables y sedes sociales de empresas ubicadas en San Isidro, Pilar y la ciudad de Buenos Aires. De esta manera, la jueza hizo lugar a un pedido formulado días atrás por la fiscal federal Mángano, en conjunto con los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

La jueza les imputa a los involucrados haber formado parte de "una organización que estaba liderada por Blaksley, destinada a captar sumas de dinero de distintos ahorristas/inversores, mediante la suscripción de contratos de mutuo y contratos de inversión, ofreciendo para ello tasas muy superiores a las del mercado". Según la investigación que llevaron adelante los fiscales, para atraer a los ahorristas Blaksley, a través de su empresa Hope Funds, "desplegaba distintas actividades engañosas, que consistían en diversas participaciones en emprendimientos y marcas de renombre –como Auditorio Buenos Aires, o las marcas "Hard Rock Café" y "Hertz".

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Además, desarrolló "una elaborada campaña de marketing para la cual se desembolsaron gastos millonarios a fin de que Hope Funds fuera sponsor de distintos eventos como el partido entre Roger Federer y Juan Martín del Potro". De este modo, Blaksley se presentaba como un exitoso hombre de negocios, lo que generaba confianza en los ahorristas que depositaban sus fondos en las empresas vinculadas a él y su grupo. "Así, al menos, se han podido captar fondos por 550.678.556,66 pesos sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos", explicó un investigador.

También se les imputa la reinserción de activos de origen ilícito en el mercado por montos que superaron los 5.000.000 de dólares y otros 16.000.000 de pesos. Según los pesquisas, para concretar la maniobra, se firmaban contratos de garantías que "no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable" y para el desvío de los fondos "se utilizó un complejo entramado societario" mediante 25 empresas radicadas en Panamá que fueron creadas con el único fin de canalizar el dinero.