Casación pidió la detención de Cristóbal López que se entregó y volvió a la cárcel

Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo, se entregaron ayer en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó la detención inmediata de ambos empresarios.

Lo hicieron en la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Buenos Aires”, de Gendarmeria Nacional (Uesprojud), luego de que sus abogados acordaran las condiciones de la entrega con la Justicia.

Se dispuso también que Cristóbal López y Fabián de Sousa sean alojados en los penales en los que cumplían la detención antes de ser liberados en marzo ultimo.

De modo que Cristóbal López regresa al penal de Ezeiza, y su socio De Sousa al de Marcos Paz.

El tribunal tomó la decisión en el marco de la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la AFIP 8 mil millones de pesos que habían recaudado con el impuesto a la transferencia de combustibles.

La decisión fue tomada por mayoría por la sala I del máximo tribunal penal con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, mientras la camaristas Ana María Figueroa votó en disidencia.

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El fallo de Casación revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña, que el 16 de marzo pasado dispuso la liberación de los empresarios y el cambio de carátula del expediente por el que habían sido detenidos.

Los jueces de Casación ordenaron la “inmediata detención” de los empresarios acusados y dispusieron “remitir con carácter urgente las presentes actuaciones al Tribunal a quo para que, por quien corresponda, se haga efectiva”.

En un fallo de 148 páginas, los jueces de Casación dispusieron que los empresarios y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, vuelvan a ser investigados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de recurso”, contra lo que había decidido la Cámara Federal.

Los miembros de la sala I de Casación decidieron además volver a elevar los montos de los embargo que pesan sobre los tres imputados a más de 17 mil millones de pesos, dado que la Cámara Federal los había disminuido a 9 mil millones en cada caso.

Los imputados están acusados de haber realizado una maniobra para desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al conglomerado empresario denominado “Grupo Indalo”.

Los empresarios habían sido detenidos por primera vez el 20 de diciembre del 2017 por orden del juez Ercolini, que entendió que el intento de venta del Grupo Indalo a un fondo de inversión tenía por objetivo eludir la inhibición de bienes dispuesta por la Justicia.

En su defensa, los empresarios López y De Sousa siempre argumentaron que no tuvieron la intención de eludir la inhibición que pesaba sobre sus bienes y que por eso consultaron al juez sobre la posibilidad de llevar a cabo la venta del grupo de empresas.

La jueza Ana María Figueroa sostuvo: “No comparto las argumentaciones y solución a que arriban los colegas que integran este acuerdo”.