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La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó ayer una denuncia contra el Estado nacional por considerar que los aumentos dispuestos en las tarifas de luz de las empresas Edenor y Edesur son “ilegales, irrazonables e inconstitucionales”.
“Un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que pagar desde febrero de 2016 hasta ahora un aumento del 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables”, dijo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En la denuncia, presentada ante la Justicia Federal de La Plata, se le pide al Ministerio Público Fiscal que “inicie una acción en defensa de los consumidores por la falta de razonabilidad e inconstitucionalidad de las tarifas eléctricas”.
El pedido es elevado al Ministerio Público Fiscal a partir de la creencia de que este organismo tiene la obligación, tal como lo marca la Constitución, de proteger los derechos de los consumidores, principalmente los de menos recursos.
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