El ex vicepresidente Amado Boudou aseguró que no hay pruebas en su contra en el juicio que por la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, aunque dijo que existe la “posibilidad” de que le condenen y lo envíen a prisión el próximo jueves, cuando se dicte la sentencia.

“No hay pruebas porque no es verdad lo que se dice. Pero lo que está claro es que el Gobierno influencia sobre el sistema de Justicia”, dijo ayer Boudou en declaraciones al canal A24.

Un tribunal oral de Buenos Aires juzga desde octubre de 2017 a Boudou y a Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por los delitos de presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Quien fuera vicepresidente entre 2011 y 2015 está acusado por la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone mientras se desempeñaba como ministro de Economía durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

“No hay pruebas. No es cierto que yo me quedé con el 70 % de Ciccone, ni por mi ni a través de personas allegadas a mi”, afirmó ayer Boudou.

Consultado sobre si cree que va a quedar preso el próximo jueves, cuando el tribunal dicte sentencia, el ex vicepresidente no descartó esa posibilidad, aunque dijo que, si se concreta, será por razones políticas.

“La posibilidad existe. Lo impresionante de esto es que va a quedar más en claro que es una cuestión política y no una cuestión de administración de leyes”, sostuvo.

LA INVESTIGACIÓN

Durante la etapa de instrucción de la causa, el juez a cargo de la investigación, Ariel Lijo, dio por acreditado que Boudou, junto a su socio Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras Boudou era ministro de Economía (2009-2011).

Según la investigación judicial, la compra se realizó a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou y luego “arrepentido” en la causa- con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.