El peronismo del Senado rehuye el permiso para allanar a la ex Presidenta

Por MARIANO SPEZZAPRIA
mspezzapria@gmail.com

El peronismo no va a entregar a Cristina Kirchner tan fácilmente. Por cierto que no lo hará el kirchnerismo, pero tampoco el PJ parece dispuesto a facilitar los requerimientos del juez federal Claudio Bonadío en la causa de los cuadernos. Por eso el Senado fracasó ayer en su intento por aprobar los allanamientos a los domicilios de la legisladora por la provincia de Buenos Aires.

Según pudo constatar EL DIA en el Congreso, sólo ocho senadores justicialistas estuvieron en el recinto mientras se intentaba reunir el quórum necesario de 37 presentes para sesionar. En tanto que el interbloque de Cambiemos tampoco tuvo una asistencia perfecta, ya que por distintos motivos se ausentaron Esteban Bullrich (Buenos Aires) y Miriam Boyadjian (Tierra del Fuego).

Ante esa situación, la vicepresidenta Gabriela Michetti postergó unos minutos el encuentro para posibilitar la llegada de algún senador retrasado, pero sólo arribó Pino Solanas (Capital Federal), quien se convirtió en la presencia número 36 y entonces faltaba un solo legislador. Pero nadie más ingresó al recinto, pese a que había seis senadores en sus despachos, entre ellos Cristina Kirchner.

Ya en los pasillos aledaños al recinto, los referentes de los bloques mayoritarios, Federico Pinedo (Cambiemos) y Miguel Pichetto (Peronismo Federal), tuvieron distintas miradas respecto del fracaso de la sesión. “Si había dos más de los nuestros, se iban dos de ellos”, ironizó el porteño. El rionegrino replicó: “Yo tenía un control de las presencias cuando presidía el bloque oficialista”.

Pero más allá de las chicanas, lo cierto es que los senadores que no bajaron al recinto tuvieron sus razones para hacerlo. “Prefiero que los tiempos los decida la política y no los jueces ni los medios”, deslizó uno de ellos. Así, sintetizó el pensamiento imperante en el variopinto arco peronista, donde casi nadie quiere quedar como facilitador de un eventual encarcelamiento de Cristina.

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De hecho, circula el rumor de que el juez Bonadío podría pedir en los próximos días la detención y el desafuero de la ex presidenta, por considerarla como la jefa de una “asociación ilícita” que integraron ex funcionarios de su gobierno y también empresarios que les pagaron coimas para recibir obras públicas. Pero si no se aprobaron los allanamientos, menos prosperará el desafuero.

Basta repasar los apellidos de los senadores peronistas que se ausentaron ayer para detectar cómo se está moviendo el PJ respecto de Cristina Kirchner. Y trazar una línea directa con los gobernadores. Los casos más evidentes: José Alperovich (Tucumán), Carlos Menem (La Rioja), Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), José Mayans (Formosa) y Julio Catalán Magni (Tierra del Fuego).

En cambio, fueron de la partida los senadores que se alinean con el gobernador de Salta, Juan Urtubey, entre ellos su propio hermano Rodolfo y su primo Dalmacio Mera (Catamarca). También estuvieron en el recinto Pichetto –que al igual que Urtubey propugna una candidatura presidencial no kirchnerista- y Carlos Caserio, quien responde al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Durante la sesión en minoría, Pichetto llegó a manifestar su postura favorable a que el juez Bonadío pudiera allanar los domicilios de la ex presidenta –salvo su despacho en el Senado- pero advirtió que “pese a la indignación legítima de muchos ciudadanos, acá hay un estado de derecho que preservar”, con lo cual ratificó que no avalará el desafuero de Cristina sin sentencia firme.

En esa línea, invocó el caso del ex presidente brasileño Lula da Silva, quien fue encarcelado por una resolución de la Corte del vecino país “tras dos sentencias” dictadas en su contra por tribunales inferiores. Entre los senadores krichneristas, sólo habló tras la fallida sesión Anabel Fernández Sagasti (Mendoza): “Acá hay una clara persecución política”, planteó ante la TV.

A su vez, el oficialista Pinedo se vio en la obligación de justificar los faltazos de Bullrich –de visita en El Vaticano- y de la operada Boyadjian, al tiempo que anticipó que “la semana que viene se volverá a intentar que la Justicia investigue los delitos como corresponde”. No estará en juego sólo el aval a los allanamientos, sino también el demorado proyecto de ley de extinción de dominio.