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Crisis de infraestructura, acusaciones de “mafias” y presentaciones judiciales
Por LAURA ROMOLI
lromoli@eldia.com
El ataque a la escuela N88 de Villa Elisa coronó otra semana nefasta para las escuelas de la Ciudad, que ya cuenta una veintena de establecimientos con las clases suspendidas por distintos problemas edilicios. Pero, además, el incendio intencional de la biblioteca de esa secundaria, cuyo edificio tiene peligro de derrumbe, terminó dando un vertiginoso giro en la polémica desatada a niveles políticos: el propio intendente Julio Garro salió a señalar la acción de mafias que actuaron en el siniestro con motivaciones políticas para perjudicar a la gobernadora María Eugenia Vidal y a su propia gestión.
No hubo nombres, aunque sí se deslizaron sospechas: a través de Twitter Garro afirmó que los últimos dos ataques a escuelas platenses poco tienen que ver con la casualidad y mucho más con la intención de perjudicar al gobierno. Sostuvo además que ésta es la primera vez que se destinan partidas tan importantes a la infraestructura escolar. Mientras, la oposición continúa señalando los riesgos de cursar en edificios afectados por falta de mantenimiento y cuestiona los reales retrasos que la gestión municipal actual tuvo para ejecutar el Fondo Educativo. Por caso el diputado del PJ Guillermo Escudero realizó una presentación judicial solicitando una medida cautelar para que los gobiernos provincial y municipal resuelvan de forma urgente lo que, según el legislador, son “más de 4 mil reclamos por reparaciones”.
“Garro afirmó que los dos últimos ataques a escuelas no tienen que ver con la casualidad sino con la intención de perjudicar al gobierno”
En el medio, docentes y alumnos se las arreglan en la trinchera escolar ante un panorama que cobró actualidad repentinamente y que ya motivó todo tipo de manifestaciones callejeras en la periferia y en el centro, donde maestros, padres y chicos reclaman obras. La línea de fuego oficialismo-oposición sigue teniendo los mismos argumentos: desde Cambiemos acusan a la pesada herencia recibida; desde el peronismo no dejan de advertir que casi tres años después de haber llegado al gobierno esa explicación ya perdió validez.
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Otro tema que mantuvo esta semana el ping-pong dialógico del pasado y el presente entre el oficialismo y la oposición fue el de la demanda de urbanización de varios barrios de la periferia, que reclaman todo tipo de servicios. Y en el fondo de esa discusión, los 160 asentamientos que rodean el casco y hacen de La Plata una de las ciudades con más barrios carenciados del país, lo que se agrava por las constantes usurpaciones. El peronismo cuestiona fuertemente la falta de medidas del Ejecutivo municipal para instrumentar respuestas a los vecinos de las localidades más alejadas, en Cambiemos insisten en que el aluvión de pedidos para llevar servicios a estas zonas no sólo es enorme y costoso, sino también fruto de la ausencia del Estado durante 15 años, que propició la proliferación de viviendas precarias en zonas inviables.
Mientras tanto, crecen los intentos de asentamientos en zonas de Los Hornos, Abasto y El Retiro, que son foco de una fuerte preocupación y motivo de permanentes presentaciones en la Justicia para solicitar desalojos y medidas preventivas. La crisis habitacional, las organizaciones que motorizan tomas ilegales -que hasta comercializan lotes- y la necesidad de respuestas para familias ya asentadas hace años en distintas zonas rurales de la Ciudad se vuelven un círculo vicioso en el que muchas veces se confunden las causas y las consecuencias. La indiferencia de las autoridades administrativas y judiciales ante las usurpaciones organizadas hasta por motivos comerciales agrava el problema. Con todo, tanto la situación escolar como la resolución de este complejo drama social y urbanístico están en el frente más caliente de la administración municipal y toda la política platense.
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