Inconcebible desidia oficial ante la oleada de usurpaciones

La Región viene siendo acosada desde hace muchos años por oleadas de usurpaciones de terrenos, reiterándose situaciones sociales de riesgo y, a la vez injustas para los legítimos propietarios de las tierras, con planteos conflictivos y análogos que se produjeron, por dar sólo algunos ejemplos, en Los Hornos, Villa Elvira, City Bell, Abasto, Olmos, José Hernández, La Granja entre otros sitios. Cabe señalar que la frecuencia y la metodología empleadas no dejan lugar a dudas acerca de la existencia de organizaciones de tipo mafioso que impulsan y ejecutan esas acciones.

En las últimas horas un intento de usurpación puso a todos en guardia en Villa Elvira, cuando un grupo de personas desembarcó en un descampado de 1 y 89 con intenciones de radicarse de forma ilegal. Si bien en este caso la Policía actuó rápido y consiguió frenar la ocupación de los terrenos, el episodio renovó la preocupación por un fenómeno que no es aislado y que muchas veces se vale de la desidia de las autoridades para enfrentarlo.

El avance de las usurpaciones alcanzó en la Región una magnitud inquietante y recrudeció en las últimas semanas con intrusiones masivas, como la que se desarrolla en El Retiro, donde desde hace dos semanas se vino consolidando un asentamiento ilegal en las tierras fiscales que se extienden entre la avenida 155, las proyecciones de las calles 49 y 158, y el antiguo trazado del Ferrocarril Provincial de Meridiano V, sobre el eje de avenida 52.

Se sabe que, bajo la excusa cierta de que existen necesidades perentorias de vivienda, muchas personas inescrupulosas que hasta hace unos años actuaban como influyentes políticos y fomentaban estas usurpaciones con un mero propósito de tipo clientelar, en la actualidad se ha sumado una clara intencionalidad de lucrar para provecho propio por parte de esas personas, convertidas en una suerte de agentes inmobiliarios con bienes que les son ajenos.

El distrito de La Plata no puede en modo alguno permitir esta ilegalidad y, mucho menos, un crecimiento urbanístico anárquico, ajeno a la vigencia de normas reguladoras. Además, a estas alturas resulta inconcebible que las autoridades permitan asentamientos que carecieran –y por largo tiempo- de los servicios de infraestructura básicos, imprescindibles para garantizar la calidad de vida de la población.

En reiteradas ocasiones se ha dicho que el problema de las usurpaciones exige una especial atención por parte de las autoridades. Es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado, pero lo que no puede admitirse es que se facilite -o permita- la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles .

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Tales ocupaciones -además de implicar una violación de la propiedad privada- tienen un fuerte impacto en el nivel de vida de los vecinos de aquellos barrios en los que se instalan los intrusos y suelen generar, no sólo trastornos, sino, en ocasiones, hasta un rápido colapso de los servicios esenciales.

Esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a los sectores agobiados por la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El habitacional es un problema complejo que demanda políticas equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas.