Aprobar la ley del aborto, para igualar el derecho a decidir de las mujeres

Por NORA MACIEL (*)

Mi experiencia se relaciona con la función que cumplo en Corrientes, provincia que en el país se encuentra, según el Indec, entre las primeras en embarazo adolescente, mortalidad infantil, analfabetismo y deserción escolar. En ese contexto mi función consiste en dar argumentos para hacer valer y exigir la realización de los derechos individuales esenciales frente al Estado por incumplimiento u omisión que vulnera derechos constitucionales.

No pretendo argumentar exclusivamente desde las normas constitucionales y convencionales. El debate sobre el aborto no es un debate sobre el comienzo de la vida. No es un debate sobre si el embrión es persona. No es un debate sobre la vida o la muerte del embrión. No es un debate sobre el derecho a la vida, ni tampoco lo es sobre religión, o sobre la constitucionalidad del proyecto de ley. Respecto de la necesidad de consagrar la legislación que contemple la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto se han expedido los organismos que monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales suscripto por nuestro país e incorporados a la Constitución Nacional.

Este es un debate sobre el derecho a decidir. Este es un debate sobre la clandestinidad del aborto. Este es un debate sobre la vida digna de la persona gestante. Este es un debate sobre el acceso a la salud pública. Y, finalmente, este es un debate sobre derechos, en un ámbito como el legislativo, donde se definen los alcances, límites y contenidos de nuestros derechos mas esenciales.

Hasta la fecha las mujeres no hemos tenido oportunidad de tener vida reproductiva libre y sexualidad segura, con respeto y dignidad.

Hasta la reforma del código civil negarse a mantener relaciones sexuales era una causal de divorcio invocada frecuentemente para justificar situaciones violentas contra las mujeres y violaciones intramatrimoniales. No existen ámbitos, ni siquiera los supuestamente consentidos, donde la dominación sexual no se imponga. El cuerpo de las mujeres se concibe como propiedad masculina, propiedad del Estado, propiedad de una religión. Inclusive al momento de la concepción en donde sus cuerpos se ven cosificados y reducidos al papel de incubadoras o envases. El debate es sobre quién toma la decisión. La mujer no tiene decisión sobre su cuerpo, sobre su salud, sobre su vida, sobre su proyecto de existencia, sobre su trascendencia. En caso de imposición o decisión masculina respecto a interrumpir el embarazo, muchas mujeres son compelidas a realizarse abortos clandestinos, los cuales podrán realizarse en circunstancias que pongan en riesgo la salud y su vida conforme la situación socioeconómica que atraviesan. Existe en todo estrato social, se tolera, se silencia, se naturaliza, se clandestiniza. Y toda clandestinidad es la ausencia del Estado, que en su apartamiento deja a las mujeres pobres a merced de quienes lucran con su necesidad.

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El problema surge cuando la decisión es de la mujer. Cuando autónomamente decide sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su salud física y mental, sobre sus proyectos, sobre su dignidad.

Lo que duele y lastima al sistema patriarcal es el empoderamiento de la mujer y en su reclamo de decidir por sí misma, sin la anuencia del hombre, de la familia, de la Iglesia, del Estado, del sistema penal.

El aborto existe. El aborto es una realidad. Es una realidad social: de mujeres ricas en lo económico, de mujeres de clase media, y de mujeres en situación socioeconómica de pobreza. Es transversal a todas ellas. Pero quienes mueren todos los días en la clandestinidad por falta de recursos son aquellas mujeres que se realizan abortos en situaciones paupérrimas de higiene, asepsia e impericia en las prácticas a las que son sometidas. Aquellas que son menos iguales que otras y a las que el Estado dice no ver, las invisibilizadas, salvo cuando se presenta con su poder punitivo para señalarlas y encarcelarlas. Aquellas mujeres que no pueden decidir y ante un aborto clandestino se arriesgan a la cárcel o una tumba. No es este proyecto de ley entonces el que viene a introducir el aborto en la práctica médica ni en el sistema jurídico porque este ya existe nombrado de otra manera (en técnicas de reproducción, regulado de manera desigual. Este proyecto introduce la novedad sobre el derecho a elegir y decidir.

El derecho a la igualdad de las mujeres confrontado con el derecho a la privacidad de aquellas que tienen dinero para hacerlo en una clínica privada con salubridad y silencio garantizado. Estas notorias contradicciones del sistema legal nos enfrenta al doble estándar que existe respecto de quienes quieren y pueden decidir por sí mismas y quiénes no. El Estado está siendo requerido por los sectores desfavorecidos que mueren en abortos clandestinos, por las niñas embarazadas forzadas a ser madres, por las mujeres que no pudieron acceder informadas y libremente a la sexualidad, por aquellas que son criminalizadas aun en casos de abortos permitidos. De este colectivo el Estado debe hacerse cargo, aquí radica el debate.

La legislación actual no soluciona ningunos de los últimos aspectos reseñados, es preciso hacerse cargo de modo racional y con igualdad del aborto como un derecho, para igualar el acceso a los derechos. Para igualar nuestro derecho a decidir. Para que deje de ser un privilegio de clase y sea para todas. Que sea ley.

(*) Asociación Pensamiento Penal, Corrientes