Un “lava jato” argentino que anticipa un terremoto político

Por MARIANO SPEZZAPRIA
mspezzapria@gmail.com

El país político acaba de ser sacudido por una bomba de profundidad, de esas cuyas consecuencias son impredecibles. La detención de ex funcionarios del gobierno kirchnerista y de empresarios que les habrían pagado coimas millonarias activa en la Argentina una réplica del Lava Jato brasileño, una mega-investigación judicial por la cual está preso el ex presidente Lula da Silva y que aquí centrará la atención pública sobre el futuro personal y político de Cristina Kirchner.

La ex presidenta, ahora senadora y una de las figuras determinantes de la política nacional, ya fue citada a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, el mismo que lleva otras causas en su contra pero que, a priori, no reúnen los elementos de prueba que representa el hallazgo de los cuadernos en los que un chofer que trabajaba para el ex funcionario Roberto Baratta documentó de puño y letra un sistema de recaudación ilegal en torno a la obra pública.

La increíble “bitácora de la corrupción”, como la bautizó el periodista de La Nación Diego Cabot –autor de la investigación que aportó a la Justicia-, viene a confirmar lo que durante años se comentó en círculos políticos y empresariales sobre lo que sucedía en el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido entre 2003 y 2015. De hecho, el propio ex ministro está preso a raíz de una causa por irregularidades en la mina de Río Turbio, bajo su jurisdicción.

Más allá de las denuncias que alguna vez hizo Elisa Carrió, antes de convertirse en socia fundadora de Cambiemos, esos comentarios “vox populi” no derivaron en acciones concretas por parte de la Justicia argentina. Un elemento que sustentaba esa ineficacia era que del entramado de corrupción no participaban solamente funcionarios sino también empresarios de la poderosa industria de la construcción. Y que los secretos que conocía De Vido lo mantenían a resguardo.

La nómina de los empresarios detenidos o investigados por el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli –el mismo que apresó al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas- tiende a darle verosimilitud a ese silencio corporativo. En esa lista negra aparecen el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner; el ceo de Electro-Ingeniería Gerardo Ferreyra; y Francisco Valenti, de la metalúrgica IMPSA, ex número dos de Pescarmona.

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El sistema de recaudación ilegal que investiga la Justicia no reconocía límites políticos: uno de los empresarios detenidos, Javier Sánchez Caballero, fue Ceo de la constructora IECSA, que perteneció a la familia Macri y que hasta fin de 2015 encabezó Angelo Calcaterra, primo del presidente de la Nación. Las meticulosas anotaciones en los cuadernos del chofer de Baratta abarcan el período 2005-2015 y tienen un bache temporal tras la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010.

Cristina Kirchner está involucrada en esta causa porque fue presidenta entre 2007 y 2015. Y por la revelación de que los bolsos con dinero proveniente de las coimas eran entregados en el departamento que habita actualmente en el barrio porteño de Recoleta, donde los recibía el ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien también falleció. Pero aún si ese relato fuera comprobado, la senadora no puede ser detenida porque goza de fueros parlamentarios.

“La ´bitácora de la corrupción´ viene a confirmar lo que ya se comentó”

En ese punto es donde entra a jugar la política partidaria. El criterio histórico del PJ en el Senado es que no se quitan los fueros a ningún parlamentario que no tenga una condena firme por parte de la Justicia y que ésta requiera su detención. El caso más conocido es el del ex presidente Carlos Menem, quien sigue siendo senador por La Rioja pese a que ya acumula tres fallos en su contra en causas tan resonantes como la venta de armas y la explosión de la fábrica militar de Río Tercero.

Por tener fueros, Cristina Kirchner puede optar por no presentarse a declarar el 13 de agosto y limitarse a presentar un escrito a través de sus abogados. En la Unidad Ciudadana, la fuerza que creó la ex presidenta por afuera del PJ en 2017, apuntan nuevamente contra el juez Bonadio, a quien acusan de “perseguir” políticamente a la senadora y de ser “funcional” al Gobierno, en momentos en que la economía no brinda buenas noticias. También advierten que su líder crece en las encuestas.

Hace rato que en el kirchnerismo emparentan el destino de Cristina con el de Lula, el ex presidente brasileño que sigue preso y que mantiene, pese a ello, el apoyo de una porción considerable del electorado. Si el incipiente Lava Jato argentino llegara a esas instancias, provocaría un verdadero terremoto político.