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Por HENRY STEGMAYER
Ex diputado provincial socialista
Cuando comienzo a escribir estas líneas para expresar mi posición favorable a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, leo con mucho pesar la noticia que en Santiago del Estero ha fallecido una mujer de 22 años como consecuencia de una infección generalizada tras un aborto clandestino. Liliana Herrera, así se llamaba, es la tercera mujer que muere por las consecuencias que acarrean los abortos clandestinos, en dicha provincia en lo que va del año.
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Este tipo de situaciones son las que deben tener en cuenta las y los senadores al momento de emitir su voto y aprobar el proyecto tal cual viene de Diputados, dejando de lado cualquier otro tipo de consideraciones, tales como sus creencias religiosas, las “ordenes” de sus gobernadores o las especulaciones electorales. Es claro que estamos en presencia de un debate histórico, pero el mismo no se da por la voluntad o la gracia de algún dirigente o funcionario del gobierno.
Se abre este debate histórico por la contundencia de la acción y los argumentos que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito han sustentado durante todos estos años y “el enorme consenso social que ha alcanzado la necesidad, la urgencia de legalizar el aborto, y que se manifiesta en las calles colmadas de mujeres muy jóvenes, nacidas en democracia portando sus pañuelos verdes, color de la vida y la esperanza. Mujeres jóvenes que quieren tomar decisiones libres, en condiciones de igualdad y seguras sobre su vida sexual y reproductiva.”, como expresara la Diputada Nacional socialista (MC) Silvia Ausburguer, firmante del primer proyecto presentado por la campaña en el año 2008.
Al respecto, quiero hacer mías las palabras de Ausburguer en el debate previo al tratamiento en Diputados, cuando manifestaba “durante la última década hemos sostenido los mismos argumentos, para explicar públicamente las razones por las cuales entendemos la urgencia de despenalizar y legalizar el aborto… Que sabemos que prohibir el aborto no es impedirlo sino condenar a muerte a las mujeres que no pueden pagarlo; que sabemos que en los países en donde se permite la interrupción del embarazo con mayor amplitud y flexibilidad, los abortos son numéricamente más reducidos; que penar conduce a aumentar los abortos inseguros y la mortalidad de mujeres gestantes… Para las mujeres la prohibición del aborto ha sido y es la angustia más permanente a la que nos somete la sociedad patriarcal. El saber que corremos el riesgo de quedar embarazadas sin quererlo, sin buscarlo, sin desearlo y que no se admite que rechacemos ese embarazo que no podemos asumir como maternidad. Porque solo el deseo nos hace madres y porque no hay pena, ni castigo, ni prohibición, ni aún la posibilidad de la muerte, que nos pueda disuadir de abortar, si no podemos o no queremos continuar con un embarazo…”.
Por otra parte, como dice claramente Julia Martino, activa militante de la campaña, “Nos propusimos llevar el derecho al aborto del feminismo hacia la sociedad. Sabiendo la complejidad del tema ya que estamos incluyendo algo que se supone parte de la privacidad en la agenda pública y de la política y además porque cuestionamos la sexualidad sólo para la reproducción, cuestionamos la maternidad como un destino ineludible para las mujeres y es a lo que estamos obligadas por ley, ya que ante un embarazo no deseado, si no estamos dentro de las causales permitidas, estamos obligadas a continuarlo. Hicimos múltiples acciones buscando que el tema deje de ser un tabú y pueda hablarse. Creemos que hemos logrado lo que llamamos la despenalización social del aborto. Ahora sí se habla del tema en todos lados. Y la juventud y la adolescencia lo han tomado como una de sus reivindicaciones principales”.
Por ello, considero que el proyecto debe aprobarse tal cual lo establece la media sanción de Diputados, sin modificaciones, porque da una respuesta razonable y completa al grave problema de salud pública que significan los abortos inseguros y clandestinos y respeta a las mujeres y personas gestantes considerándolas sujetos morales capaces de decidir consciente y responsablemente si quieren tener hijos o no, cuando y con quién tenerlos, en definitiva, capaces de diseñar su proyecto de vida.
Y volviendo a citar a Julia Martino en su intervención del 18 de julio, “la media sanción contiene las políticas preventivas de educación sexual integral y de salud sexual y reproductiva con las que acordamos totalmente porque coincide con nuestro lema: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Son estas tres políticas públicas juntas las que garantizan el goce de los derechos sexuales y reproductivos, las que protegen la salud y la vida y las que han demostrado que disminuyen el número de abortos, disminuyen las muertes y enfermedades producto del aborto inseguro…”.
Por último, está claro que el proyecto del aborto legal, seguro y gratuito es una asignatura pendiente de la democracia, y ojalá que las y los senadores no frenen el reconocimiento de este derecho. De todas maneras, si hoy no se aprobara, estoy convencido de que la marea verde – sostenida principalmente por las y los jóvenes – es imparable, y más temprano que tarde la agenda del avance social hacia un mundo más justo, más humano y más igualitario llegará.
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