Argentina y otros países denuncian a Venezuela ante la Corte de La Haya

Cinco países latinoamericanos y Canadá hicieron ayer oficial una petición para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron al margen de la Asamblea General de la ONU una carta sellada el martes por los líderes de sus respectivos países solicitando la intervención de la Corte con sede en La Haya. La misiva, remitida ayer a la CPI, va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales.

Entre esos documentos, que ya son públicos, figura un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH), en el que se documentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias en el marco de las protestas antigubernamentales ocurridas entre abril y julio de 2017.

También hay otro informe redactado por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que concluyó que existía un “fundamento razonable” para considerar que once individuos, entre ellos el presidente venezolano, Nicolás Maduro (que ayer llegó a Nueva York para hablar en la Asamblea), y miembros de las Fuerzas Armadas, supuestamente habían cometido crímenes de lesa humanidad.

El canciller peruano, Néstor Popolizio, destacó que, de comprobarse varios de los elementos contenidos en esos documentos, “quedarían claramente configurados los crímenes de lesa humanidad”.

La demanda de los cinco países latinoamericanos, inédita en los dieciséis años de historia de la CPI, activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal, que permite a los Estados parte denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en terceros países.

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La Fiscalía de la CPI ya comenzó, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado febrero, paso previo a la eventual apertura de una investigación formal. La denuncia conjunta no abrirá automáticamente una investigación plena por parte del tribunal internacional, ya que ese paso depende de la Fiscalía del tribunal, que actúa de manera independiente. (AFP, AP y EFE)