Allanaron casas, boliches y una oficina de Casación por la megabanda

Fuerzas de seguridad federales allanaron ayer siete domicilios particulares y boliches vinculados a la noche platense, en la causa por la que se encuentran detenidos el ex juez de Garantías César Melazo, Enrique Petrullo, señalado como operador de la Justicia, y ex barrabravas de Gimnasia y Estudiantes, además de un ex comisario de la Policía bonaerense, entre otros.

Según trascendió, los allanamientos tuvieron lugar en comercios relacionados a Rubén “Tucumano” Herrera (ex barra de Estudiantes y quien fuera detenido en su casa en el Country Grand Bell); en el domicilio de una persona identificada como Iván Tobar, también sindicado como barra de Estudiantes (condenado por un violento incidente armado -ver aparte-), y la oficina de la Sala V de Casación Penal. Este registro tuvo relación con Marcela Mercado, secretaria del suspendido camarista Martín Ordoqui, cuyo domicilio particular, sobre calle 53, también fue allanado.

En tanto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria registró un boliche ubicado en Camino Centenario y 511, que sería propiedad de Herrera.

Voceros judiciales precisaron que en una propiedad de calle 8 bis, de Ringuelet, secuestraron varios celulares, propiedad de Tobar y de su mujer; mientras que del departamento de Mercado se llevaron dos tablets y un celular.

En esos procedimientos, especialistas en informática, utilizando valijas de alta tecnología, bajaron toda la información de los elementos secuestrados, y los aparatos incautados quedaron en cadena de custodia para que, previo notificación de las partes, se concreten la correspondientes pericias, señalaron voceros de Tribunales.

A diferencia de lo ocurrido en otros registros previos, vinculados con este expediente, ayer no hubo detenciones.

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Por esta misma causa ya están con prisión preventiva el ex comisario Gustavo Bursztyn, el ex policía Gustavo Mena, Javier Ronco (imputado también por un doble homicidio), Ángel “Pipi” Yalet, Adrián “Quichua” Manes (acusado, entre otras cosas, de matar a Juan Farías), Carlos Bertoni, Carlos “Macha” Barroso Luna, Héctor “Pepe” Vega, Martín Ezequiel “Gaucho” Fernández y Jorge “El Fiscal” Gómez de Saravia.

Mientras se realizaban ayer los allanamientos, la jueza de Garantías Florencia Butiérrez se disponía a resolver el pedido de prisión preventiva formulado el domingo último por la fiscal Lacki para Melazo, Herrera y Petrullo.

La doctora Butiérrez ya resolvió en estas actuaciones sobre los pedidos de preventivas para los primeros 11 detenidos que tuvo la causa, el 24 de julio. La magistrada modificó algunos encuadres legales y dispuso la libertad del policía Marcos Chiusaroli.

La causa arrancó en diciembre de 2010, con el asesinato de “Tecla” Farías (32) en su edificio de 44 entre 26 y 27. Lacki cree que fue un ajuste de cuentas porque Farías se quedó con parte de un botín que no debió robar -en la casa de Roberto Zapata- o porque, justamente, desobedeció al jefe. Allegados a Farías juran que él no tuvo que ver con ese escruche, pero es evidente que la banda no lo creyó así. La hipótesis de base, entonces, es que todos los mencionados formaban parte de esa organización, con roles y niveles de participación distintos. Por eso, los cargos que enfrentan no son los mismos.

Melazo está imputado por asociación ilícita, mientras que a Herrera lo procesaron por este delito y el de tráfico de influencias (le adjudican haberle conseguido a Ronco la domiciliaria) y a Petrullo sólo por tráfico de influencias. La misma sospecha recae en el suspendido juez de Casación Martín Ordoqui.

En otra causa, que tendría relación con la que lleva adelante Lacki, fue detenido el ex fiscal Tomás Moran, aunque por un expediente a cargo de la fiscal María Di Lorenzo, con intervención del juez de Garantías Pablo Raele. Moran está imputado de “concusión (pedir dinero para mejorar la situación de un imputado), encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes”.

Esta causa tiene puntos de contacto con la de la megabanda, ya que Ronco denunció que Moran le había exigido 30 mil dólares para mejorar su situación en la investigación por el doble homicidio que lo tenía como imputado y por el que estuvo con domiciliaria hasta que cayó preso con la megabanda.