Un país sumido en una profunda crisis de inflación, escasez y éxodo

Venezuela está sumida en la peor crisis económica de su historia tras dos décadas de gobiernos del ahora fallecido presidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro, su sucesor. En 2018, el país caribeño sufrió una inflación de siete dígitos (1.698.488%), aguda escasez de productos básicos como alimentos y medicamentos, y una profunda recesión que forzó a muchos venezolanos a emigrar. Un informe de la ONU señala que unos tres millones de venezolanos abandonaron su país desde 2015, la mayoría de ellos rumbo a Colombia o Perú, buscando mejores condiciones de vida. Además, el organismo prevé que habrá para fin de 2019 5,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos debido a la crisis política y económica.

Maduro acusa permanentemente a Washington de orquestar una guerra económica, con el apoyo de sus adversarios locales con la intención de impedir la recuperación de Venezuela y desestabilizar su gobierno para justificar su derrocamiento. Los críticos del mandatario sostienen que la debacle económica del país está estrechamente vinculada al agotamiento de los sistemas de controles de cambio y de precios, vigentes desde 2003, entre otras distorsiones de la economía.

El caos económico reinante era previsible para muchos de los críticos del gobierno que por años advirtieron que el país iba hacia un abismo debido a una política, iniciada en 1999 por Chávez, de expropiaciones masivas de granjas e industrias, la promulgación de leyes severas que desalientan la inversión y vulneran la seguridad jurídica, aunado a los controles que se aplican contra corriente por ser uno de los dogmas del gobierno socialista. En los últimos 19 años han cerrado más de dos tercios de las 600.000 empresas que existían en 1998, afectando el empleo. A la par, la inflación destruyó el salario real y el poder de compra de los venezolanos. Chávez dijo que buscaría encaminar a Venezuela hacia el “socialismo del siglo XXI”, y lo más evidente fue el aumento del control del Estado sobre la economía para, según él, desplazar el capitalismo de raíz. Su gobierno impulsó y financió cooperativas, estatizó la compañía de teléfonos del país, la mayoría de las firmas privadas locales de servicios del sector petrolero, el sector eléctrico en su totalidad, cadenas de supermercados, empresas alimenticias, cementeras y siderúrgicas, entre otras.

La instauración de una nueva moneda, el “bolívar soberano”, desde agosto pasado, contempló la eliminación de cinco ceros a la antigua moneda, el bolivar. Pero los expertos señalan que por la hiperinflación muy pronto podrían pasar al olvido los billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares soberanos.

El salario de un empleado del subte de Caracas equivale a unos siete dólares que apenas alcanzan para 12 huevos, medio kilo de papas y guayabas.

La mayoría de los venezolanos come básicamente frijoles o lentejas que distribuye el gobierno a precios subsidiados. Y con suerte, quizás una vez al mes puedan comprar pollo o carne. Productos para la higiene personal como shampoo o dentífrico solo se consiguen en el mercado negro a precios exorbitantes. Tampoco hay bienes básicos como papel higiénico, harina, arroz o leche.

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En los hospitales, estantes vacíos evidencian la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, estimada en 84% por agremiaciones. Su disponibilidad cayó por el desplome de la producción petrolera, de 3,2 millones de barriles diarios a 1,13 millones en la última década, lo que limita las importaciones. No hay remedios para la hipertensión ni insulina. Y las futuras mamás viven un verdadero calvario. Ni las embarazadas de alto riesgo se salvan del “ruleteo”, como se conoce la práctica de remitir pacientes de un hospital a otro por falta de personal, insumos o condiciones sanitarias. Son varios los casos de mujeres que tienen sus bebés en la calle al no ser recibidas en los centros médicos estatales.

Como si no fuera suficiente, los venezolanos tienen que lidiar con una alarmante inseguridad: cada hora tres personas mueren violentamente en su país.