Tras cubrir una fianza millonaria, los empresarios cercanos al kirchnerismo Cristóbal López y Fabián de Sousa también ya salieron de la cárcel y pasaron a engrosar la lista de excarcelados tras las PASO del 11 de agosto, que fueron procesados con prisión preventiva en causas de corrupción. De las 79 personas en esa situación en los últimos tres años, esa cifra se habría reducido a sólo 15 ex funcionarios, dirigentes y empresarios.

López y socio De Sousa recuperaron ayer por la tarde su libertad, después de casi dos años de prisión preventiva, tras la aceptación por parte del juez federal Claudio Bonadio de los seguros de caución que presentaron para cubrir la fianza de 60 millones de pesos que les había fijado.

Fueron puestos en libertad desde la sede de la Policía Federal ubicada en el cruce de la calle Madariaga con la Avenida General Paz, hasta donde habían sido trasladados horas antes desde el Penal de Ezeiza. De allí salieron con el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que integra el grupo de abogados que los defiende.

El juez Bonadio había notificado al Servicio Penitenciario Federal (SPF) ayer por la mañana para que proceda a liberar a los dueños del grupo Indalo tras recibir un oficio de la Superintendencia de Seguros de la Nación que dio cuenta de la solvencia de los seguros contratados. Habían recibido la excarcelación el viernes pasado en la causa de los cuadernos por parte de la Cámara Federal porteña, pero su liberación se postergó hasta ayer por que Bonadio les impuso una fianza de 60 millones de pesos a cada uno.

candidato contra la justicia

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que Cristóbal López y Fabián De Sousa “nunca debieron haber estado detenidos” y sostuvo que sus excarcelaciones son “tardíamente una situación de justicia”, producto de que el Poder Judicial está “precipitando todas las decisiones que debieron haber tomado en su momento”.

“Lo que pido es que la Justicia funcione, no pido la libertad de nadie puntualmente”, expresó Fernández al salir de un acto en la sede porteño del PJ ubicada en la calle Matheu 130.

Los dos empresarios tenían prisión preventiva en el marco de dos expedientes vinculados a los llamados “cuadernos de Centeno”: una acusación es por lavado de dinero relacionada con un departamento ubicado en el mismo edificio donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando está en Buenos Aires y la otra es por cartelización de la obra pública, en la que son investigados más de 100 empresarios.

Al concederles las excarcelaciones, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi destacaron en los fallos que el fiscal de las causas por las que los empresarios se encontraban bajo prisión preventiva, Carlos Stornelli, había opinado “a favor de la concesión del beneficio peticionado” porque se habían extinguido los riesgos procesales.

“La prueba que ha llevado a la adopción de este temperamento ya se encuentra producida y por lo tanto asegurada, no advirtiéndose la necesidad -al menos inmediata- de producción de otras medidas distintas a las que ya se encuentran resguardadas”, sostuvieron los magistrados en unos de los 4 fallos que emitieron los camaristas en la misma dirección y con los mismos fundamentos.

Los jueces de la Sala I también se refirieron a las condiciones en las que debe darse la libertad de los imputados excarcelados al imponerles la “obligación de presentarse periódicamente ante el Tribunal, no ausentarse sin previo aviso de su domicilio por más de 48 horas, procederse a la retención de su pasaporte y librar orden expresa de prohibición de salir del país con comunicación a las autoridades correspondientes”.

El 19 de septiembre los empresarios habían sido excarcelados por el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de capital en la causa Oil Combustibles, donde están siendo juzgados, acusados de desviar a otras actividades de sus compañías el impuesto a los carburantes en lugar de derivarlos al fisco, por un monto original de 8.000 millones de pesos.

La medida fue adoptada a partir de una petición de sus abogados en base a un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien sobreseyó a los dos imputados.