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Daniela Reich
Senadora de la Provincia de Buenos Aires
Pensemos por un instante qué hace una niña o niño cuando algo le hace daño. Si se lastima jugando, por ejemplo, o cuando tiene una pesadilla que interrumpe de manera casi violenta su sueño. ¿A quién recurre para buscar ayuda y refugio? En la mayoría de los casos recurre a una persona adulta en la cual confía y encuentra contención.
Pero ¿qué sucede cuándo esa persona adulta es la misma que le hace el daño? ¿Qué sucede si esa persona convierte en "cómplice" de ese daño a la misma niña o niño que lo sufre?
Hoy, en el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niñas, Niños y Adolescentes hablemos de la más cruel de las violencias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños, sufren abuso sexual durante su infancia. Si calculamos esta estimación para la Provincia de Buenos Aires, en el día de hoy un total de 218.173 niños y 536.840 niñas se encontrarían en riesgo de sufrir este tipo de violencia.
Es importante destacar que cualquier acto donde se utilice a un niño, niña o adolescente para la estimulación sexual de una persona es abuso. Cuando digo "cualquier acto" me refiero a toda interacción sexual, desde la observación hasta el contacto físico, con signos o sin signos de rechazo.
Si bien no existen estadísticas oficiales, especialistas afirman que este delito tiene un promedio de denuncia muy por debajo del resto de los delitos. En muchos casos las víctimas sostienen el secreto de los abusos por miedo, vergüenza, temor, culpa o por amenazas. En nuestro país, según los datos del Programa Nacional “Las víctimas contra las violencias”, la mitad de los abusos suceden en el hogar de las víctimas y en el 75% de los casos es un familiar.
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Aquí me detengo y retomo algunas preguntas. ¿Qué sucede cuándo esa persona adulta en la que el niño o niña podría confiar es la misma que le hace daño? ¿Qué sucede cuando la persona que viola los derechos humanos se sienta a comer en la misma mesa?
En Argentina contamos con un importante marco normativo, con tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos que brindan herramientas para la protección y reparación de las víctimas. En 2018 se sancionó la Ley 27.455 que consideró al abuso sexual en la infancia como un delito de instancia pública. Al ser de instancia pública el Estado está obligado a intervenir e investigar sin necesidad que el padre, madre o persona responsable de la víctima ratifique la denuncia. En este sentido la ley fue un gran avance para que la voz de niñas, niños y adolescentes sea escuchada.
En muchas ocasiones, como el agresor es parte de la familia o tiene un vínculo muy cercano, se desconfía de la palabra de la víctima o se cree que es producto de su imaginación. Cuando niñas y niños no encuentran una respuesta familiar o institucional contenedora y protectora pueden llegar a retractarse o negar sus dichos, lo que lleva a procesos penales absolutorios o truncados.
Desde mi lugar como legisladora, pero sobre todo como defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes presenté dos proyectos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Por un lado, la "Creación de una comisión provincial interinstitucional para la prevención y erradicación del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes" que ya cuenta con media sanción. Por otro lado, un proyecto de ley para la "Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de abuso sexual".
Convencida que la palabra de las víctimas es un valor fundamental en cada caso, ambas propuestas le otorgan un lugar preponderante a la declaración testimonial y a la protección de niñas y niños que fueron testigos indirectos. Además, aseguran la asistencia estatal de servicios jurídicos, sociales, educativos y atención de la salud que impliquen el tratamiento terapéutico adecuado para la recuperación física y psicológica.
Los proyectos buscan evitar intervenciones innecesarias de los órganos administrativos y judiciales y proponen la construcción de protocolos únicos de abordaje entre los organismos del Estado que intervienen. También contemplan la capacitación del personal de organismos públicos y privados que realicen tareas directas con niños, niñas y adolescentes para que puedan reconocer las señales de alerta ante situaciones de abuso sexual y la realización de campañas de prevención en la comunidad.
Invito a cada persona, desde su lugar y rol a involucrarse con los derechos de niñas, niños y adolescentes y a trabajar en equipo para prevenir, detectar y abordar el abuso sexual en las infancias. Escuchar, no juzgar y acompañarlos es nuestro deber como adultos.
UNICEF: Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos (Buenos Aires, 2016, p. 7).
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