El ex presidente peruano Alan García murió hoy luego de pegarse un tiro en la cabeza cuando iba a ser detenido por acusaciones de corrupción, informaron el diario El Comercio y otros medios de Perú.
García se hallaba en estado "muy grave" tras dispararse en su domicilio de Lima cuando la policía fue a buscarlo por una causa en la que se sospecha que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El ex mandatario, de 69 años, fue ingresado en el Hospital Casimiro Ulloa a las 6.45 de la mañana con una herida de bala en la cabeza y luego comenzó a ser sometido a una intervención quirúrgica a las 7.10, informó el Ministerio de Salud en un comunicado.
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El director del hospital, Enrique Gutiérrez, dijo que el ex gobernante presentaba un disparo de arma de fuego en el cráneo "con orificio de entrada y salida". En conferencia de prensa en el hospital, la ministra de Salud asehuró que la bala ingresó por la parte derecha de la cabeza y salió por el lado izquierdo. "Se encuentra en sala de operaciones siendo intervenido quirúrgicamente por neurocirujanos (...) La situación del ex presidente es muy crítica, muy grave", manifestó la ministra Zulema Tomas. Tomas agregó que García había sido reanimado luego de sufrir tres paros cardiorrespiratorios en la sala de operaciones. Más tarde los medios peruanos confirmaban su deceso.
La Justicia peruana había ordenado hoy la detención preliminar por 10 días del ex presidente por la presunta comisión de delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión en el marco del caso Odebrecht. El ministro del Interior, Carlos Morán, informó a la prensa que García dijo a los policías y al fiscal que llegaron a detenerlo que llamaría a su abogado desde su habitación y, a los segundos, se escuchó un disparo. La policía forzó el ingreso a la habitación, donde "encontró al señor García en posición de sentado y con una herida de cabeza”, prosiguió. "Sin perder el tiempo", los agentes procedieron a trasladar al ex presidente al hospital, agregó, citado por la emisora RPP.
García está bajo investigación por presunta recepción de sobornos en relación a la construcción de una línea de subterráneo en Lima durante su segundo gobierno, de 2006 a 2011. El ex mandatario ha dicho que nunca recibió dinero de Odebrecht. La compañía brasileña está en el centro del escándalo de corrupción Lava Jato, el más grande de la historia de América Latina, desde que admitió en 2016, en el marco de un acuerdo judicial con el Departamento de Justicia estadounidense, que pagó casi 800 millones de dólares a políticos de la región a cambio de grandes contratos. El caso ha llevado al encarcelamiento de numerosos políticos latinoamericanos, especialmente en Perú, donde el ex presidente Pedro Pablo Kucyznski fue detenido la semana pasada en el marco de una investigación por lavado de dinero relativa a sus vínculos con la compañía brasileña.
Además, de Kuczynski, otros dos ex presidentes peruanos, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, están condenados o acusados en el marco del escándalo. Kuczynski fue trasladado anoche a una clínica con un pico de presión arterial, dijeron hoy allegados. Un juez peruano ordenó la semana pasada la detención por 10 días de Kuczynski mientras investiga pagos no conocidos previamente por 782.000 dólares hechos por Odebrecht hace más de una década. Una audiencia estaba prevista para el miércoles para decidir si su detención se extendía a tres años.
La primera presidencia de García, entre 1985 y 1990, fue bastante errática y se vio marcada por una hiperinflación y por el ascenso de la guerrilla de Sendero Luminoso. Cuando regresó al poder, dos décadas más tarde, su gobierno fue más conservador, lo que propició un boom de inversiones impulsado por el precio de los commodities en el que Odebrecht jugó un rol de sostén muy importante.
El Poder Judicial ya había dictado 18 meses de impedimento de salida del país contra el ex mandatario en noviembre del año pasado. Luego de conocer dicha resolución, García solicitó asilo diplomático en la embajada de Uruguay, beneficio que le fue rechazado por el gobierno de dicho país en diciembre del 2018. La medida de detención preliminar tenía como objetivo reunir elementos que sirvan como prueba para las pesquisas que efectúa el Ministerio Público.
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