Impunidad cero para quienes usurpan tierras y viviendas

Hace ya demasiado tiempo que las columnas de este diario vienen reflejando la sucesión sistemática de usurpaciones de terrenos y de inmuebles en La Plata, reiterándose así situaciones sociales de profunda injusticia y de riesgo para los legítimos propietarios de esos bienes, sin que desde los estamentos judiciales y policiales surjan evidencias claras acerca de que se está frente a una actividad delictiva que debe ser erradicada. Por el contrario, la inconcebible desidia y lentitud de la Justicia y de otros organismos oficiales para enfrentar este fenómeno, amplían los márgenes de impunidad para los autores de tan grave delito.

Se sabe que las usurpaciones se han venido presentando en Los Hornos, Villa Elvira, City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Abasto, Olmos, José Hernández, La Granja y otras localidades y barrios que, inclusive, dependen de los cercanos municipios de Berisso y Ensenada. Ahora, un reciente informe publicado en este diario dejó a la vista que el distrito platense se usurpan dos propiedades por día y que, además, los legítimos propietarios deben aguardar mucho tiempo –hasta quince años algunos de ellos- para lograr, en el mejor de los casos, la recuperación del dominio.

Cifras de la Procuración General de la Suprema Corte señalan que sólo en La Plata se abrieron el año pasado 820 causas por apropiaciones ilegales. Se indicó también que la falta de rápidas respuestas institucionales, los extensos procesos judiciales -la mayoría sin resolución favorable para el usurpado- y la violencia a la que son expuestos son, entre otras causas, las que terminaron por generar en los propietarios un sentimiento de impotencia.

A tal punto dijeron sufrir un semejante nivel de desprotección que los damnificados decidieron conformar un grupo que reclama medidas de fondo, denominado Propietarios Usurpados de la Argentina (PUA), que entre otras medidas reclama el desalojo inmediato y el aporte por el Estado de un defensor gratuito para las víctimas, dado lo onerosos y lentos que son los juicios. En una entrevista con altas autoridades provinciales, los propietarios damnificados sostuvieron que “el Poder Judicial apoya más al victimario que a la víctima”.

La población conoce perfectamente que, bajo la excusa cierta de que existen necesidades perentorias de vivienda, muchas personas inescrupulosas que hasta hace unos años actuaban como influyentes políticos y fomentaban estas usurpaciones con un mero propósito de tipo clientelar, en la actualidad le han sumado una clara intencionalidad de lucrar para provecho propio, convirtiéndose de hecho en una suerte de agentes inmobiliarios con bienes que les son ajenos. Y que además se dan el lujo de vender luego, con perjuicio económico directo para los dueños de ese bien.

Tales ocupaciones -además de implicar una violación de la propiedad privada y de estar impulsadas, muchas veces, por organizaciones mafiosas que buscan su propio provecho- tienen también un fuerte impacto en el nivel de vida de los vecinos de aquellos barrios en los que se instalan los intrusos y suelen generar, por ejemplo, no sólo trastornos, sino, en ocasiones, hasta un rápido colapso de los servicios esenciales.

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Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente.

Pero nada justifica la impunidad con que se mantiene protegida a personas que usurpan un bien, concretan el despojo y luego se ocupan de intentar venderlos. El Poder Judicial se encuentra en deuda frente a las víctimas de este delito convertido en un verdadero flagelo social, además de incumplirse desde muchos de sus tribunales con lo que mandan las leyes.