Se abren cuatro sumarios por día en la Bonaerense por violencia de género

“Fui parte de la Policía Bonaerense durante 32 años y me da mucha pena tener que decir esto, pero me siento totalmente defraudada por la Fuerza”. El descargo de Miriam Kenyeres apunta al comportamiento de los jefes y compañeros de su sobrina Gabriela, internada en el hospital de Melchor Romero con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza. Por el hecho, que en principio fue catalogado de suicidio, fue detenido un subcomisario con quien mantuvo una conflictiva relación que se extendió por un año.

El caso, sumado al ocurrido a principios de marzo del corriente donde otra mujer policía fue atacada por su ex novio -un efectivo de la Ciudad de Buenos Aires-, revela una circunstancia que no debiera llamar la atención: los episodios de violencia de género dentro de la Policía.

La Policía no está exenta de la realidad que vive la sociedad argentina, donde las denuncias por violencia de género se multiplican de manera exponencial año a año. El informe final del Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, expuso que el año pasado se registraron 281 víctimas de femicidio confirmadas. Además, en el 31,7% de los casos hubo una relación amorosa entre la víctima y el victimario, el 17,8% de los crímenes fueron cometidos por ex parejas y el 16,9% por algún familiar de la víctima.

Si se tiene en cuenta que en 2018 se iniciaron 116.535 causas por violencia familiar o de género en la Provincia (más de 300 por día), los números aportados por fuentes oficiales respecto a lo que sucede dentro de la Fuerza tendrían que ser equivalentes. Y lo son.

Por esta causa, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 30 de abril de 2019, se realizaron 4.800 sumarios (cuatro por día) y se desafectaron a 600 efectivos, de los cuales 121 fueron expulsados.

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A ese dato se le agrega otro no menor: 195 recibieron sanciones suspensivas. En porcentajes, el 15% de los casos que recibe Asuntos Internos está relacionado con la temática.

Con esta tesitura, desde el ministerio de Seguridad bonaerense crearon en 2016 la Dirección de Prevención, Género y Derechos Humanos, “con el objetivo de promover la ejecución de políticas de prevención y operativas en el fortalecimiento institucional de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Esta área trabaja en conjunto con otros organismos oficiales como no gubernamentales y cuenta con personal civil.

Un vocero explicó que, tras el inicio del sumario por una denuncia de violencia de género, “se realiza una mesa coordinadora de acción en violencia institucional que está constituida por distintas áreas de Asuntos Internos: la Dirección de Denuncias; Auditoría Sumarial; la Dirección de Prevención, Género y Derechos humanos; Psicólogos profesionales y la Dirección Legal y Técnica”. A la víctima, en tanto “se le da contención, no se lo deja sola. Si correspondiera, se la pone en contacto con otras áreas, por cuestiones legales, por ejemplo”, añadieron desde la cartera.

Por otra parte, si se confirma lo pesquisado en el proceso, al policía se le quita el arma reglamentaria y se lo desafecta al momento, aunque cada caso tiene su particularidad. En algunas ocasiones, al denunciado “se lo pone en tareas no operativas para que no regrese a la casa, que es el hábitat del conflicto”, señalaron. En esa línea, aseguraron que, de aquellos uniformados que no fueron desafectados y pasaron la capacitación interdisciplinaria, “hasta ahora no tenemos reincidentes”.

Un suicidio con un detenido

El 26 de marzo último, Gabriela Kenyeres (35) denunció en la Comisaría de la Mujer a Alberto Herrera (44), su pareja en ese momento, por lesiones. La violencia que se respiraba en la vivienda que compartían, ubicada en 461 entre 20 y 21, era constante. Herrera es un subcomisario que cumplía funciones en la dependencia de Ringuelet y al que vecinos y allegados a la familia acusaron de “tomar mucho y ponerse violento”. En tanto, Kenyeres se desempeñaba como Oficial Subinspector de Comando (tenía servicio día por medio) en la Comisaría de Gonnet.

Para estos casos, se creó la Dirección de Prevención, Género y Derechos Humanos en 2016

El vínculo entre ellos duró aproximadamente un año. Fue, desde el comienzo hasta el final, tortuoso. Los dos hijos de Gabriela, una nena de 7 y un nene de 3 padecieron parte de ese ambiente, aunque ambos pudieron escapar a tiempo. En diciembre de 2018 la hija se fue a vivir con Miriam. “Ella misma (por Gabriela) me la trajo”, contó la tía de Kenyeres. El pequeño se quedó con su papá (los chicos son de distinto padre). Un mes después de la denuncia por violencia de género, a Gabriela la encontraron con un tiro en el cráneo. Herrera avisó al 911 y, conforme a las declaraciones de Miriam, “él dijo que se había querido suicidar a ‘raíz de un problema familiar que ella estaba atravesando’ por la ausencia de sus hijos”. El disparo que la dejó en coma “le ingresó por la sien izquierda, pasando por la zona frontal sobre los ojos. Es prácticamente imposible que lo haya hecho ella, porque era diestra”, indicó.

El caso está siendo investigado por la fiscal Cecilia Corfield. Herrera se negó a declarar y seguirá detenido por “tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, agravado por mediar violencia de género”. El parte médico de Gabriela es desalentador. Los especialistas que la asisten hallaron un cúmulo de pus en el cráneo que obligaría a efectuarle una nueva intervención quirúrgica. Miriam, por su parte, lamenta la “falta de empatía” que mostró la Fuerza. “Es como si ella jamás hubiese pertenecido a la institución. Nadie se comunicó o se acercó para saber si ella está viva o muerta”, refirió.

GOLPES Y FUEGO EN 26, 62 Y 63

En la tarde del sábado 2 de marzo, Liliana estaba de franco y una amiga peluquera la había ido a visitar al departamento de 26 entre 62 y 63. El padre de su hijo, un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires de quien se había separado meses antes, llegó para visitar al pequeño de tres años. En cada oportunidad, el hombre insistía para entrar y siempre se topaba con una respuesta negativa; fundamentada en denuncias y en una restricción de acercamiento que duró tres meses, en la que además debió recibir tratamiento psicológico. En esa jornada, tras una discusión, el hombre golpeó y encerró a Liliana en su propio hogar. Luego escapó de la escena, pero volvió minutos más tarde, cuando ella había ido al sanatorio, para prender fuego el lugar. Actualmente se encuentra detenido por los cargos de “amenazas, incendio o estrago doloso, lesiones doblemente agravadas, violencia de género, robo y desobediencia”.