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Un agujero de unos 25 millones

Estafa en Educación: le cargaron nafta por años a autos tapados por yuyos

Según la investigación, pese a estar dados de baja y arrumbados en un depósito oficial de Ensenada, figuraban en el registro de gastos. Dos detenidos responsabilizaron al director del área, también investigado

Como espectros, entre pajonales y galpones oficiales en los que hay poco movimiento, autos, camionetas y camiones “carancheados”, se la arreglaron durante años para seguir moviéndose y quemar decenas de miles de litros de combustible. Nadie se dio cuenta, hasta el 24 de abril, de que los fantasmas no existen y que detrás de la cuenta que da alrededor de 25 millones de pesos en nafta y gasoil para vehículos dados de baja, había un fraude al Estado Provincial. Y un robo sistemático de dinero.

En la investigación que desarrolla el fiscal penal Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 16) aparecen identificados cada uno de los vehículos que debían ser asistidos con las 15 tarjetas de débito que ya fueron secuestradas como evidencia de la maniobra por la cual se hacía figurar una carga pero solo se retiraba dinero.

En esa ruta de plata habría complicidad de personal de la estación de servicio Axion de 44 y 31.

Entre las irregularidades que quedaron a la vista, figuran en la causa que los automotores a los que se debía alimentar habían sido dados de baja para el servicio activo de transporte de personal de la Dirección General de Cultura y Educación e integrantes de comunidades escolares.

Según informó ayer una fuente de la causa, todos están inutilizables, en un predio del Ministerio de Desarrollo Social, situado en 47 y 129, barrio El Dique, Ensenada.

El esquema de sustracción de fondos públicos comenzó a delinearse en la Justicia el pasado 24 de abril.

De noche, fue detenido Walter Cejas, el playero de la estación de servicio Axion que conducía una Jeep Grand Cherokee por la ruta 36 y al parar en un retén policial de rutina (según se informó), nervioso con la situación, dejó caer 15 tarjetas de débito “Copres”, del Banco Provincia. Además, llevaba 50 mil pesos en efectivo.

Un día después, en un sanitario de esa estación se pegó un tiro otro empleado del comercio, con responsabilidades superiores al playero.

A la semana siguiente, el 3 de mayo, Condomí Alcorta pidió 4 detenciones pero le fueron denegadas.

Finalmente, este jueves, la jueza de garantías Marcela Garmendia autorizó el arresto del director de Servicios Generales, Néstor Osvaldo Casado; del subdirector de Transporte Terrestre, Horacio Mankowski; y los jefes del Departamento de Combustible y Automotores, Gustavo Chiramberro y Diego Burgos.

El circuito permitió extraer unos 300 mil pesos por mes, en promedio, durante 6 ó 7 años

Solo cayeron los últimos dos, ya que al director y sub director los ampara aún un pedido de eximición de prisión, todavía en proceso de evaluación.

En el pedido de detención que presentó el fiscal se imputa a esos cuatro sospechosos y a Cejas los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos.

En ese documento, al que pudo acceder este diario, define en el rol de coautor a los cinco. Esto es, sin jerarquías. La investigación está abierta, según las palabras de Condomí Alcorta, a la participación de “otras personas en las maniobras recaudatorias”.

a indagatoria

Tras ser arrestados en sus domicilios, dos viviendas situadas en Gonnet y Villa del Plata con despliegue de metros y confort que sorprendieron a los investigadores, Chiramberro y Burgos fueron citados a declaración indagatoria.

Contra lo que suele suceder (normalmente las defensas se toman más tiempo para leer la causa y las pruebas en contra del detenido), ambos se sentaron ante Condomí Alcorta.

Una fuente de Tribunales contó que se declararon inocentes y señalaron como responsables de la millonaria estafa a los funcionarios de rango superior que, según la investigación, integran la gavilla. “Hablan de ambos, pero centralizan en Casado, que es el director del área. En contrapartida ellos dicen desconocer la maniobra y, por ejemplo, cómo es que se le asignaba plata a tarjetas de débito vinculadas a vehículos que estaban dados de baja”, indicó una fuente de Tribunales en relación con las declaraciones de Chiramberro y Burgos.

Las palabras no convencieron al fiscal de cambiar la dirección de las imputaciones. “Uno de ellos manejaba directamente las tarjetas. Hasta tenía la llave de la caja de seguridad donde se guardan, pero resulta que no sabe por qué corresponden a autos fuera de servicio”, dijo en tono sarcástico la fuente.

El fiscal ya cuenta con algunas actas de la cartera educativa, del periodo 2012-2019, donde consta la baja o donación de al menos 40 vehículos (2013).

En el mismo periodo de 7 años solo se dieron de baja 20 tarjetas de débito como las que emplean los choferes cuando van a reponer combustible a la estación de servicio.

Educación tiene 600 autos oficiales en total.

La investigación se basa en 15 plásticos, pero no se descarta que pudiera extenderse a otras tarjetas. Durante los allanamientos del jueves aparecieron otras dos en uno de los domicilios y seis más, cortadas en pedazos, en otro. Por ahora, el fiscal no les sumó a la evidencia por considerar que se trata de “descartes” de la banda, según se indicó.

robo sistemático

Según señala Condomí Alcorta, la maniobra fue sistemática durante un periodo que en Tribunales estiman de entre 6 y 7 años., a razón de 300 mil pesos en promedio por mes.

La solicitud de arrestos tiene en su línea argumental una descripción de ese mecanismo: los sospechosos se encargaban de cargar con crédito las tarjetas y luego realizaban “falsas” compras de combustible, por las que obtenían dinero en efectivo con la presunta complicidad del playero Cejas.

Condomí Alcorta sostiene allí que todos los partícipes actuaban “en propio beneficio”. Si bien no descarta que se utilizaran otras manos, en el equipo de Condomí se calcula en estas horas que el círculo del dinero negro se agotaba en la Dirección conducida por Casado.

Un gremio
se desligó ayer de la estafa que investiga la Justicia. Se trata del Soeme, cuyo Cuerpo Colegiado expresó que “ninguna persona, ni bienes vinculados a la administración, ni a las autoridades del Sindicato están relacionadas con la mencionada causa judicial”.

 

 

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