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Los otros siete policías, acusados por homicidio y encubrimiento, se negaron a responder sobre esas acusaciones y por la muerte de los cuatro chicos, el lunes. La agente dio detalles sobre el operativo y su rol
Siete de los ocho policías que fueron detenidos por la muerte de cuatro jóvenes, durante la persecución a tiros en la localidad de San Miguel del Monte se negaron a declarar ante el fiscal de Cañuelas Lisandro Damonte y continuarán presos, informaron fuentes judiciales.
La audiencia en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de Cañuelas se inició al mediodía y culminó pasadas las 20.30. A los efectivos se le leyó la imputación en su contra y se les consultó si querían ser interrogados.
Todos se negaron a declarar, por recomendación de su defensa, excepto la oficial Melina Blanco, quien había sido aprehendida durante la tarde del viernes por presunto encubrimiento. La mujer se presentó ante el fiscal Damonte y pidió contar lo siguiente: iba en una de las patrullas que participó de la persecución, pero un superior ocultó su presencia en las actuaciones posteriores, que mintieron sobre los hechos, indicando que el auto había tenido un accidente.
En esa declaración espontánea ante el fiscal, la oficial, de 25 años, manifestó que sus superiores “la bajaron del móvil” con el argumento de que “es nueva” en la fuerza.
Entonces, se dispuso su aprehensión y la joven entregó su arma reglamentaria y su teléfono a personal de Gendameríam a cargo de los peritajes.
Luego, fue desafectada de la fuerza y se sumó a los otros 14 efectivos en esa situación. El escándalo excedió a la comisaría: la purga dispuesta por el Ministerio de Seguridad escaló al Jefe de la Policía Comunal de Monte, al titular de la Departamental y al superintendente de la Región Capital (Marcelo Corbalán), que incluye a 6 departamentos, entre esos, el de La Plata.
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A esos funcionarios se les cuestionó reproducir versiones y argumentos de la comisaría que dieron lugar al escándalo judicial.
Según indicó anoche una fuente de la causa, ahora Bianco respondió a preguntas del fiscal que dejaron datos de relevancia sobre su participación en el operativo. Incluso, detalló en cual de las tres patrullas situadas en la escena integraba.
Los policías que no declararon son el capitán Rubén Alberto García, los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y el subayudante Mariano Ibáñez, quienes están acusados de “homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego”.
A los cuatro se les imputaron los crímenes de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14), que murieron cuando el Fiat Spazio en el que viajaban chocó contra un acoplado de un camión mientras eran perseguidos y atacados a balazos por los efectivos.
De acuerdo a la imputación que realizó ayer la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, a los cuatro efectivos se los acusa, además, de “homicidio doblemente agravado en grado de tentativa” en perjuicio de una adolescente de 13 años que también viajaba en el auto y que ayer permanecía internada en grave estado en el hospital El Cruce, de Florencio Varela.
En tanto, Garmendia imputó al oficial subinspector José Alfredo Domínguez y a los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público, quienes también se negaron a ser interrogados.
La fuente consultada anoche, no descartó que en las próximas horas, los policías pudieran ser procesados por esos delitos y el fiscal solicitará la prisión preventiva, que los mantendría privados de la libertad hasta el desarrollo del juicio.
Según el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, en la causa está acreditado que en el procedimiento participaron tres móviles en los que había en total ocho policías y que desde uno de ellos se dispararon dos armas que les había suministrado la fuerza.
Los peritajes balísticos establecieron que la pistola de la cual salió el proyectil que hirió a uno de los chicos era un arma de las secuestradas a los policías y que una de las víctimas tiene un orificio de un proyectil calibre 9 milímetros.
Además, se encontraron cuatro casquillos de bala que se corresponden con el arma de otro de los efectivos.
Los investigadores intentan aún determinar cuál fue la motivación para que los policías persiguieran a los jóvenes, aunque familiares del conductor aseguraron que era habitual que lo siguieran luego de que en una oportunidad un comisario le pidió una coima de cuatro mil pesos para no secuestrarle el auto -ver aparte-.
La tragedia se consumó alrededor de la una de la mañana del lunes, cuando los adolescentes, todos amigos y compañeros de colegio, paseaban en el auto de Suárez. Habían subido alrededor de las 22.30. El primer informe policial indicaba que el Fiat había chocado contra un camión en la calle colectora de la ruta 3 por accidente. El vehículo quedó desintegrado por la violencia del impacto.
En las horas posteriores, en un clima de tensión en el pueblo por las protestas ante las sospechas de la mentira policial, se incluyó la persecución y se mencionó que el Spazio huía de un control. También que había cerveza adentro.
Un testigo del desastre, que incluso grabó un video, pidió incluir que había oído tiros, pero en el acta policial se incluyó el término “estruendos”. Se negó a firmar.
Más tarde, se conoció que un vecino levantó 4 casquillos de balas calibre 9 milímetros.
El martes, el clima social se crispó aún más y en una manifestación vecinal ante la comisaría, una pedrada le provocó una herida en la cabeza a una oficial. La mujer permanece internada en grave estado en un hospital de capital federal.
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