Investigan a una funcionaria que estaría trabajando de los dos lados del mostrador

La Justicia Penal platense investiga a una funcionaria que había sido designada para ser titular de la Policía Judicial bonaerense (aunque nunca llegó a asumir) y trabajaba en una fiscalía, sospechada de haber prestado servicios como abogada particular teniendo el título bloqueado por su función, para mejorar la situación de implicados en procesos penales.

Presumen que insertaba datos falsos o directamente hacía desaparecer expedientes, que luego habrían sido “reconstruidos”, se cree, para lograr beneficios para sus “clientes”.

Para decirlo de un modo más coloquial, la funcionaria -ahora suspendida en sus funciones- estaría trabajando de los dos lados del mostrador.

En tal sentido, voceros judiciales precisaron que se trata de la abogada y funcionaria judicial Lorena Di Rocco, quien al momento de ser suspendida trabajada en la oficina de Asistencia a las Víctimas, en las fiscalías de 7, entre 56 y 57. Sin embargo se sospecha que los hechos que ahora se investigan los habría cometido cuando cumplía funciones en la Unidad Funcional 3 de La Plata, a cargo del fiscal Marcelo Martini, que hace meses había dispuesto su alejamiento, al parecer al detectar que no cumplía acabadamente con sus tareas, deslizaron fuentes del caso.

También precisaron que en los últimos días, la fiscal penal de La Plata Cecilia Corfield allanó la casa de la denunciada, y encontró allí gran cantidad de causas penales originales y copias, que ahora son analizadas en el marco de la Investigación Penal Preparatoria 26102/19, que se tramita en la UFI 15.

A partir de este hallazgo -agregaron- el Fiscal General de La Plata Héctor Vogliolo dispuso el apartamiento preventivo de Di Rocco y envió los antecedentes a la Secretaría de Control Disciplinario, mientras se sustancia el correspondiente sumario administrativo y se la investiga penalmente.

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Los cargos

La abogada Di Rocco, en las últimas horas solicitó, con patrocinio letrado, la eximición de prisión, pero la misma fue rechazada, destacaron las fuentes consultadas.

También explicaron que el juez de Garantías de La Plata que interviene en el caso, Guillermo Atencio, entendió que se estaría ante la comisión de los delitos de “ejercicio ilegal de la profesión de abogado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supresión y falsificación de instrumento público”.

En tal sentido, los voceros consultados explicaron que “si bien la escala penal que se establecen en los mencionados delitos son excarcelables, existen peligros procesales, como por ejemplo el entorpecimiento probatorio, si la imputada permanece en libertad mientras dure el proceso”.

También indicaron que por el momento la fiscal Corfield no solicitó la detención ni tampoco dispuso un llamado a indagatoria en la causa, en la que se están analizando los elementos probatorios recolectados en la investigación, para luego decidir sobre la situación procesal de la imputada.

La investigación se inició a partir de una denuncia formulada por Rubén Oscar Caroni, quien expresó en su presentación ante la Justicia que “había tenido inconvenientes con la venta de un auto a un tercero” y que por ello “contrató los servicios de una abogada, a quien identificó como Lorena Di Rocco.

Según consta en la denuncia, a cambio de la paga de 54.000 pesos en seis cuotas de 9.000 pesos, la profesional le habría realizado escritos que, una vez que el denunciante los firmaba “en el domicilio de la letrada, habrían sido incorporados en el expediente judicial, desconociendo si esto se hacía por intermedio de la citada abogada o por otra persona”.

También se destacó en su declaración que “en alguna oportunidad, la ahora imputada lo habría citado en el hall de las fiscalías, para que le recibiera escritos”.

En el allanamiento en la casa de Di Rocco, de calle 64, entre 1 y 2, la fiscal Corfield secuestró expedientes, copias, elementos informáticos y celulares, que ahora serán analizados.

Las fuentes destacaron que además el denunciante habría aportado al expediente judicial el recibo por los 54 mil pesos que le habría confeccionado la ahora imputada, por el “trabajo judicial” en la causa que lo involucra.

Otras fuentes deslizaron que “de la prueba secuestrada” en el allanamiento podría determinarse “la participación de otros funcionarios judiciales, inclusive en niveles jerárquicos muy elevados”, aunque aclararon que “hay que ver a dónde conduce la evidencia”.

Sin cargo

En 2016, Di Rocco, que tiene 41 años y es egresada de la Universidad Católica de La Plata, con maestría en derecho penal de la Universidad Austral, quedó al tope de la terna para ser nombrada como Directora General de la Policía Judicial Bonaerense, para investigaciones complejas.

Como tenía fecha de juramento y la asunción nunca se concretó, a fines del año pasado salió a denunciar públicamente que detrás de esa decisión estaba el procurador bonaerense Julio Conte Grand y la adjudicó a “una cuestión de género”.

Di Rocco deslizó meses atrás que no la dejaban asumir por una cuestión de género

Un hombre denunció que acordó pagarle 54 mil pesos a Di Rocco, como letrada

La policía judicial es una “institución civil, técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales”, que depende del Ministerio Público Fiscal.

El concurso para la selección de los postulantes, la evaluación y defensa del plan de gestión se hizo hacia el final del mandato de la ex procuradora María del Carmen Falbo.

A fines de 2017 la Legislatura bonaerense sancionó una nueva ley de Policía Judicial que reemplazaba a la que había sido aprobada durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli y creaba la figura del “detective”, desplazando a la Policía Bonaerense de la función de investigación del delito.

La iniciativa, aprobada por Diputados y refrendada luego en el Senado, volvió a crear la Policía Judicial, derogando la ley de 2012, cuya aplicación se encontraba estancada pese a que ya había designado autoridades.

En ese marco, la sanción de la nueva norma reinstaló la polémica por las designaciones frenadas de más de 50 funcionarios que concursaron para ocupar los cargos de autoridades del cuerpo pero cuyo nombramiento nunca fue efectivizado.

Los concursantes -que superaron todas las instancias de evaluación- debían ocupar los cargos de Director, Subdirector, Secretario Técnico Científico y titular de las descentralizadas de Junín y Mar del Plata. Y su puesta en funciones iba a significar el inicio de las actividades de la Policía Judicial.

Pero las designaciones fueron frenadas en noviembre de 2016, en medio del proceso de recambio de conducción de la Procuración General de la Corte, organismo del que depende orgánicamente la Policía Judicial, y la asunción de Julio Conte Grand en reemplazo de María del Carmen Falbo.

Por eso, desde ese sector denunciaron que la nueva ley los dejaba “fuera de toda posibilidad de ocupar los cargos”, toda vez que la norma deroga la anterior, en el marco de la cual ellos habían concursado. “Nos deja afuera totalmente. Cambiaron los nombres de los cargos, eliminaron áreas y todo va a depender del criterio del Procurador. Es una vergüenza”, se quejaba la ahora investigada Di Rocco.