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Es por el presunto desvío de fondos del Yacimiento de Río Turbio. Por esta causa el ex ministro se quedó sin fueros como diputado y fue detenido. Hay 18 imputados más
El juez federal Luis Rodríguez envió a juicio oral a los detenidos ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta y otros 17 procesados por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El magistrado realizó un cierre parcial de la investigación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 procesados por supuesta “defraudación por administración fraudulenta”, entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, y el intendente de Río Turbio Atanasio Perez Osuna, según la resolución.
Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña. Días atrás le negaron arresto domiciliario.
“Entiendo que no existe elemento probatorio o argumental alguno que permita modificar la situación procesal de los imputados”, sostuvo Rodríguez al rechazar pedidos para dictar el sobreseimiento a De Vido, Baratta y otros acusados.
Las defensas argumentaron que falta terminar una pericia contable pero el juez informó que se ordenó a los peritos la entrega de la misma para el próximo 30 de septiembre.
La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria “cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional -concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal”- que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero y habrían sido desviados. Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) de la Universidad Tecnológica Nacional y la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz”.
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A través de esa maniobra, “se celebraron convenios por un monto total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y seis millones cuatrocientos mil ($4.866.400.000), de los que se facturaron pesos mil trescientos setenta y nueve millones novecientos veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve ($ 1.379.923.949)”, detalló el juez en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación.
“El perjuicio a las arcas del Estado Nacional asciende, en principio y cuanto menos, a la suma de pesos ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil ($ 176.074.000)”, estimó el juzgado.
El importe “se compone de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados en el sumario, que ascienden a pesos noventa y un millones novecientos noventa mil ($ 91.990.000) y pesos ochenta y cuatro millones ochenta y tres mil ($ 84.083.000), respectivamente”.
“De acuerdo a lo informado por la SIGEN, además, existe un monto de pesos ochenta y ocho millones trescientos veinte mil setecientos cincuenta ($ 88.320.750) en concepto de “gastos administrativos” que fue reclamado por la FRSC y la Fundación, pero no fue abonado por YCRT”, explicó.
De Vido es juzgado actualmente junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz y ya fue condenado, también en juicio oral, por la tragedia del tren de Once.
Además, está procesado con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción.
Su nombre también estuvo relacionado en un caso por los presuntos sobornos pagados en Argentina por la constructora brasileña Odebrecht, aunque el pasado agosto un tribunal decidió anular los procesamientos al ex ministro de Planificación y otros ex funcionarios kirchneristas.
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