Los jueces de EE UU atrapados en una “guerra cultural”

Columnista de EFE

Los jueces de EE UU han quedado atrapados en el fuego cruzado de una “guerra cultural”, en la que conservadores y progresistas se disputan el alma de la nación y su actitud hacia asuntos como el aborto, los derechos de la comunidad LGTB y la igualdad racial. Así piensa Charles Shipan, profesor de política de la Universidad de Michigan y especializado en el Tribunal Supremo.

En su opinión, los magistrados son quienes abrieron la caja de pandora al aceptar casos judiciales muy controvertidos que se habrían negado a evaluar hace 50 ó 75 años por considerar que correspondían a las dos ramas políticas del Estado: el Ejecutivo y el Legislativo.

Sin embargo, los jueces sentían que tenían la obligación de proteger a aquellos a los que la política había fallado y; por eso, por ejemplo, el Tribunal Supremo intercedió en 1954 para acabar con la segregación racial en las escuelas y, en 2015, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El problema es que los jueces han acabado decidiendo “solo por un voto” asuntos que son “masivas controversias sociales”, lo que inevitablemente ha aumentado la polarización en EE UU, explicó el analista Ilya Shapiro del Instituto Cato, un centro de estudios de ideología ultraliberal.

Al nuevo papel de los jueces se suma que el Partido Republicano de “manera muy consciente y estratégica” colocó a la judicatura en el centro de la “guerra cultural”, en un intento por movilizar a los votantes más conservadores, explicó Shipan. Esa estrategia es fruto de las consecuencias que tuvo el fallo del Tribunal Supremo que en 1973 garantizó el derecho al aborto.

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Surgió, entonces, un movimiento liderado por la derecha cristiana que forzó al Partido Republicano en 1976 a incluir la oposición al aborto como parte de su ideario y que, poco a poco, ha conseguido erosionar ese derecho en algunos Estados, como Texas, donde muchas clínicas se han visto obligadas a cerrar.

De esa forma, el movimiento que se describe a sí mismo como “provida” ha pasado a formar parte de la identidad republicana y, aunque el partido intentó moverse hacia el centro en los años 90 y a principios de este siglo, ha acabado regresando a un extremo de la mano del presidente Donald Trump.

El mandatario necesita el voto religioso para ganar y por eso, tanto en 2016 como en estas elecciones, se ha comprometido a nombrar jueces conservadores que defiendan el derecho a portar armas y se opongan al aborto, al matrimonio igualitario y a la discriminación positiva.

Trump ha cumplido su promesa y, en menos de cuatro años, ha nombrado a un cuarto de los jueces federales en activo en EE UU, todos ellos con cargos vitalicios y con el poder de cambiar las leyes del país durante décadas, según datos del Centro Federal Judicial, la agencia que estudia la judicatura dentro del Gobierno.

El gobernante ya ha colocado a dos jueces conservadores en el Tribunal Supremo, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, y hoy el Senado podría confirmar su tercer nombramiento: Amy Coney Barrett, contraria al aborto y crítica con la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama.

No obstante, si por algo destaca Trump es por la cantidad de magistrados que ha nombrado para los tribunales de apelaciones, una instancia que se sitúa por debajo del Tribunal Supremo y tiene la última palabra en gran cantidad de casos.

En concreto, Trump ha elegido 53 de esos poderosos jueces, una cifra que supera a casi todos sus antecesores. La única excepción es Jimmy Carter (1977-1981), que logró confirmar 58 magistrados en cuatro años.

Muchos jueces, sin embargo, rechazan las etiquetas que les clasifican como “conservadores” o “progresistas” y aseguran que ellos solo interpretan la Constitución, aunque tengan visiones diferentes.

El mejor ejemplo de esa rebeldía es el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, nominado por el republicano George W. Bush (2001-2009) y quien en una ocasión se enfrentó públicamente a Trump por sus ataques a la independencia judicial, en lo que supuso un evento extraordinario para un juez siempre hermético.

Asimismo, un juez nombrado por Trump, Carl J. Nichols de la corte federal del Distrito de Columbia, fue quien en septiembre impidió que el Gobierno prohibiera las descargas y actualizaciones de la red social china TikTok.

Barrett, la elegida por Trump para el Tribunal Supremo, también ha intentado meterse en ese grupo: “Soy independiente y no acato ordenes ni de la rama ejecutiva ni de la legislativa”, avisó durante sus audiencias de confirmación.

Y es que, en EE UU, que un Presidente nombre a un juez con un determinado perfil puede dar pistas sobre su ideología, pero no lo dice todo.