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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó hoy las medidas que restringen desde el viernes pasado las entradas y salidas de personas de la capital de España y nueve municipios limítrofes de su región para frenar el alto contagio de coronavirus.
El órgano judicial entiende que esas limitaciones, establecidas por el Gobierno de la nación, son "una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare".
Las medidas, rechazadas y recurridas por la región de Madrid, fueron tomadas al amparo de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, pero el TSJM entiende que esa norma "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales". Por el contrario, corresponde a los representantes de los ciudadanos en el Parlamento, dice el tribunal, "la delimitación y la modulación de los derechos fundamentales de las personas, bajo las exigencias de proporcionalidad, certeza y previsibilidad y, en todo caso, respetando su contenido esencial".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió a las autoridades regionales madrileñas reunirse hoy mismo para analizar las consecuencias de la resolución judicial.
Toda España ya estuvo sometida a fuertes restricciones de movilidad entre mediados de marzo y de junio pasados, cuando estuvo en vigor el estado de alarma, declarado por el Gobierno y prorrogado varias veces por el Congreso.
TENSIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y MADRID
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Las restricciones ahora rechazadas por la Justicia fueron decididas la semana pasada por el Gobierno con el respaldo de 12 de las 17 regiones autónomas españolas para todos los municipios de más de cien mil habitantes con incidencia elevada de covid-19 y alta presión hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos.
Cinco se opusieron y Madrid, gobernada por una coalición de conservadores y liberales, las rechazó con duras críticas al Ejecutivo de la nación, que dirige el socialista Pedro Sáchez. Las discrepancias se refieren a qué restricciones son más efectivas y menos perjudiciales económicamente, si el confinamiento perimetral urbano total de esas localidades, como defiende el Gobierno, o los parciales por barrios que había decretado Madrid.
No obstante, las autoridades madrileñas acataron la resolución de Ejecutivo y aplican las limitaciones de movilidad desde el viernes a toda la ciudad de Madrid y otras nueve grandes poblaciones, donde viven 4,8 millones de personas. Las limitaciones afectan también al número máximo de personas y horarios en actividades sociales y de hostelería, entre otras.
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