El presidente Alberto Fernández firmó este martes un Decreto de Necesidad y Urgencia para prohibir los cortes de todos los servicios esenciales por falta de pago que podrían incrementarse por la crisis económica profundizada por la cuarentena obligatoria para contener el coronavirus.

La medida es por 180 días incluye los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable por vínculo radioeléctrico o satelital. Es para los usuarios residenciales de los sectores más postergados y para pequeñas empresas, cooperativas y empresas de salud. 

A su vez, el Gobierno nacional decidió hoy suspender hasta el 30 de abril inclusive, la obligación de proceder al cierre de cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación a los clientes que no puedan cumplir con sus compromisos con el pago de cheques por falta de fondos.

También determinó la suspensión de la obligación establecida en el artículo 12 de la Ley N° 14.499, respecto de que las instituciones crediticias requieran a los empleadores, en forma previa al otorgamiento de crédito, una constancia o declaración jurada de que no adeudan suma alguna en concepto de aportes y/o contribuciones, o que, habiéndose acogido a moratoria, se encuentran al día en el cumplimiento de la misma.

Las decisiones dadas a conocer esta noche se inscriben en la batería de medidas implementadas por el Gobierno nacional para morigerar los efectos económicos del coronavirus.

En los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial, se sostiene que la situación económica actual "hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos, habrá de incrementarse por efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores".

Y que "en tales circunstancias, la aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no solo no cumpliría su finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica descripta, y el cierre de la cuenta e inhabilitación que impone el artículo 1° de la Ley N° 25.730 privaría a los agentes económicos afectados por estas de un elemento esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al conjunto de la economía".