Calabozos desbordados y presos en contenedores

Sería muy largo enumerar cada uno de los eslabones de la cadena de conflictos e incidentes desatados en las comisarías provinciales por la presencia permanente de presos dependientes del Servicio Penitenciario en sus calabozos -aquí podrían, tan sólo, mencionarse motines cruentos, incendios trágicos, fugas harto peligrosas para los vecindarios, reyertas y otros incidentes-, todo ello a partir de la superpoblación existente en las cárceles bonaerense y al hecho de haberse recurrido desde hace más de tres décadas, como alternativa de alojamiento, a esas sedes policiales.

Esa situación se encuentra ahora, nuevamente, en el centro de una polémica, a partir de la decisión anunciada por el ministro de Seguridad, acerca de que miles de detenidos, que hoy están en comisarías de La Plata y de otros distritos, serán trasladados en las próximas semanas a contenedores adaptados para el alojamiento de presos, con el objetivo de descomprimir los destacamentos policiales, en el marco de la grave crisis penitenciaria que atraviesa la Provincia.

Tal como se informó, las autoridades argumentaron que, por un lado, existe una superpoblación carcelaria y, por el otro, hay que poner a la Policía a custodiar la calle y no a los presos. Según cifras del Gobierno provincial, hay unos 4.300 presos en comisarías bonaerenses, donde la capacidad de alojamiento no supera las 1.700 plazas.

El plan, que genera objeciones por parte de organismos de derechos humanos, comenzará a aplicarse dentro de 15 días en el distrito de La Matanza, uno de los más críticos en términos de superpoblación de detenidos en comisarías. Según se detalló, 384 presos que están en destacamentos policiales de la localidad matancera de González Catán serán trasladados a un predio de containers. Luego, seguirán por La Plata, con 900 presos en calabozos policiales, donde el proyecto contempla retirar a unas 900 personas que están alojadas en comisarías a “contenedores calabozos”.

El anuncio desencadenó una fuerte polémica por la reacción de organismos de derechos humanos, que salieron a expresar su “extrema preocupación” por esta decisión. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se señaló que este tipo de lugares no respeta los estándares internacionales que deben cumplir los sitios de detención y no tiene medidas de seguridad adecuadas. En tanto que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresó su inquietud en un comunicado que tituló: “Ni presos en comisarías, ni contenedores para presos”. Ello no obstante, el ministro de Seguridad ratificó ante este diario que no solamente planteó la idea, sino que ya se está instrumento y el mes que viene comienzan los traslados.

Cabe señalar que la idea no es nueva. En la provincia de Buenos Aires, de hecho, se viene hablando de la posibilidad de habilitar contenedores para presos desde la administración Ruckauf. Durante la administración Vidal también se la analizó, aunque quedó en suspenso. En este sentido, correspondería recordar que la Suprema Corte bonaerense se expidió en varias oportunidades, ordenando al Poder Ejecutivo a no alojar a presos en las comisarías, sino en penales y alojamientos dependientes del Servicio Penitenciario.

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Sin embargo, las comisarías siguieron siendo utilizadas como lugares no sólo transitorios sino casi permanentes de detención, originándose a partir de allí una serie de irregularidades legales y funcionales que no han cesado hasta la fecha y que suscitan consistentes objeciones y reclamos desde distintos estamentos judiciales, administrativos y políticos

Se trata de un tema complejo, de muy difícil resolución. Pero está claro que las falencias de espacio que sufre el Servicio Penitenciario no pueden seguir siendo cubiertas por la indebida conversión de comisarías en cárceles, en base a una delegación de funciones que no está contemplada en ningún ordenamiento jurídico.

Tal como se ha señalado, la Policía debe concentrarse en sus tareas específicas. No puede cumplir una función que es propia del Servicio Penitenciario y su misión primordial es la de velar por la seguridad de la población. Por otra parte, la Provincia debe evitar toda situación de agravamiento de la detención que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible también de acarrear responsabilidades internacionales.