Megacausa: fuerte contraataque del defensor apuntado por la fiscal

Días después de que la fiscal Betina Lacki pidió en su apelación contra la domiciliaria a uno de los procesados de la llamada “megabanda” que se reactive una causa de 2005 en la Justicia Federal por presuntas irregularidades en la tramitación de recursos de amparo, uno de los mencionados en el planteo, el abogado Daniel Mazzochini, salió a refutar cada una de las acusaciones. Para entender este cruce es necesario explicar que el letrado defiende al ex oficial Gustavo Mena- sospechado de integrar la banda presuntamente liderada por el ex juez César Melazo-, a quien el juez Agustín Crispo le otorgó la morigeración por entender que pertenece a un grupo de riesgo.

Lacki aludió en su apelación a una investigación en torno a certificados que emitió el médico Erwin Eduardo Darío Leitner sobre presuntas dolencias físicas de titulares de depósitos retenidos por el corralito, causa en la que también fue investigado Mazzochini. ¿Qué tiene que ver esa historia con la actual? Leitner certificó una delicada situación de salud de Mena, según figura en la causa.

En un escrito que envió a este diario, el defensor aseguró que “la información que la fiscal vertió en la causa es falsa”, porque “copia un fallo de los jueces Leopoldo Héctor Schiffrin y Olga Calitri en la causa Nro. FLP 3290/2005”, de la Cámara Federal del 6 de octubre de 2016, que fue “anulado –y apartados los jueces– con un severo cuestionamiento” a esos magistrados. Detalló, además, que en una carta documento intimó a la fiscal a “retractarse públicamente” en 48 horas por “haber citado y transcrito el decisorio de la Sala II”, “ocultando dolosamente el resultado final de ese proceso”, toda vez que “el decisorio final denostó a los jueces y reivindicó al que suscribe, y al resto de los profesionales afectados por el abuso del poder del estado”.

Según Mazzochini, el 4 de abril del año pasado “los Jueces Roberto A. Lemos Arias, Carlos Alberto Vallefin y Antonio Pacilio decretaron el sobreseimiento, porque el proceso penal fue la histérica reacción a una gestión abogadil exitosa”.

Contra la apelación, refiere el abogado que su cliente, Gustavo Mena es un “paciente de alto riesgo, con un complejo de patologías de gravedad extrema”. Aclara que “los últimos informes del Servicio Penitenciario corroboran su grave estado de salud, y no – como miente la Fiscal– por el informe del Perito de Parte”, en alusión al médico Eduardo Darío Erwin Leitner, “sino por el informe Oficial del Servicio Penitenciario Federal y de la Asesoría Pericial”.

Insiste en que “es infantil considerar que una pericia de parte pueda haber generado la convicción de una patología falsa, que hubiese logrado la resolución del Juez, para morigerarlo; el magistrado no hizo una sola mención al dictamen del perito de parte, sino que se basó en el informe” del SPB “que incluyó a Mena en el listado de riesgo por el COVID-19”, argumentó.

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Según Mazzochini, el informe del 14 de enero de 2020 da cuenta de que el detenido “presenta en región nasal izquierda tumoración evolucionada” y solicita “TAC encéfalo, cuello, tórax abdomen y pelvis” porque el paciente “operado en 2011 de melanoma en ala de nariz presenta recidiva tumoral”. Revela esta información para constatar que su asistido “es un paciente en estado de extrema gravedad y que, necesariamente, debe ser derivado a su domicilio para expedir la fluidez asistencial”.

Apunta en otro tramo que “el propio juez a cargo (de la causa), inquirió al Servicio Penitenciario acerca del tratamiento que se encuentra recibiendo (Mena) atento su patología de melanoma que padece”, pero -según el defensor- “no está recibiendo ningún tratamiento. Se está muriendo en Marcos Paz, mientras el servicio penitenciario responde a los jueces nacionales o federales, y de última al juez provincial; pero no para un tratamiento, sino para un estudio complementario”. Concluye el abogado que el hecho de que su asistido “no tenga un solo tratamiento para el melanoma, es de extrema gravedad”. En su apelación, la fiscal había denunciado que el detenido “se negó realizarse una tomografía para constatar el diagnóstico”.

La presunta asociación ilícita que, según la acusación, lideró el ex juez Melazo, tiene a 15 imputados. La instrucción ya se cerró y espera fecha de juicio.

El defensor del ex policía Gustavo Mena asegura que su estado es grave y no tiene tratamiento