Mientras continúa la investigación por las presuntas amenazas e insultos que recibió Carolina Piparo en su cuenta de Facebook desde el perfil de Carlos Moreno, el hombre condenado por dispararle en una salidera bancaria y asesinar al hijo que llevaba en el vientre, el caso dejó expuesta una realidad que se vive en todas las cárceles del país desde hace años: el ingreso ilegal de celulares a las celdas. Tan solo en la provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2019 fueron secuestrados cerca de 90 mil aparatos que estaban en poder de las personas privadas de su libertad.

Hasta el inicio del “aislamientos social, preventivo y obligatorio” decretado el pasado 19 de marzo por el gobierno nacional ante la pandemia del COVID-19, en las prisiones de la Provincia la posesión de teléfonos celulares estaba prohibida por la Ley 24.660 de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, que en su artículo 160 indica que “quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”. La norma establece que la violación de esa medida será considerada una “falta grave”, de acuerdo a los términos del artículo 85 de la misma normativa.

Esto cambió desde la llegada de la enfermedad a la Argentina, que obligó a modificar hábitos y normas. Desde entonces, una amplia mayoría de la población carcelaria de la Provincia decidió limitar las visitas de familiares como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus, informó el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Son casi 40 mil de los 42.968 detenidos entre hombres y mujeres en condiciones de ser visitados, según números oficiales, con una superpoblación cercana al 110%.

En contrapartida, las federales tienen menos de un tercio de detenidos y la superpoblación es del 9,35%.

Esa determinación generó un problema que llevó a sumar un nuevo fallo a la cuestión. Una semana más tarde, el Tribunal de Casación Penal bonaerense autorizó la utilización de teléfonos celulares a los presos de todos los penales durante el período en el que subsista la reclusión social.

Más allá de los argumentos judiciales acerca de la necesidad de garantizar una vía de comunicación con la familia a los presos, en el Servicio se advertía en voz baja hace pocos días que el clima interno requería de una medida de distensión ante una crisis con base en la superpoblación, engrosada últimamente: en los últimos dos años ingresaron 12 mil presos y solo se sumaron 2 mil plazas”, indicó una fuente del sistema.

Tras los insultos y amenazas, la secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género (diputada con licencia) objetó a la medida como un instrumento para el ataque a víctimas y denunciantes. Ayer, desde el SPB se aclaró que el teléfono incautado a Moreno estaba fuera del registro y se admitió que forma parte de una problemática con los números a la vista. Solo en los últimos dos años los 50 mil aparatos incautados superan al número total de presos en las 57 cárceles y alcaidías.

¿Cómo entran los teléfonos? Una fuente del sistema adjudicó el tráfico a las visitas, que los ocultan en alimentos, por ejemplo. También a “agentes desleales” del Servicio.

Como indica la norma, la detección mancha el informe de conducta de un interno pero no le genera un proceso penal adicional. En el caso de Moreno, eso cambiaría si se demuestra que en un tramo de un mensaje cargado de insultos, escribió “te voy. A matar” dirigido a Piparo. Entonces, podría ser procesado por el delito de amenaza.