La Corte provincial revocó las domiciliarias a presos y los jueces deberán revisar cada caso

Cada juez, en función de cada caso, deberá decidir ahora si mantiene los arrestos domiciliarios otorgados a presos bajo su competencia o si, por el contrario, deben volver a prisión. Así lo resolvió ayer, por unanimidad y con criterio unificado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, al revocar el hábeas corpus colectivo que, con base en la pandemia de coronavirus y el hacinamiento carcelario, habilitó las salidas de cientos de presos, derivando en un malestar social que se tradujo en cruces de acusaciones entre los tres poderes y sendos cacerolazos.

Al hacer lugar parcialmente al recurso de ilegalidad interpuesto por el fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, Carlos Altuve, el máximo tribunal provincial ordenó que, de aquí en más, cada juez deberá decidir si otorga o no la excarcelación, “mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas y en función de una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el COVID-19” (ver claves). Esos mismos lineamientos correrán también para las liberaciones ya dispuestas, las cuales deberán ser “revisadas” y “evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente”.

“Lo resuelto debe ser revisado porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes; y que debe respetarse el cauce institucional”, fundamentó el máximo órgano judicial de la Provincia.

En su sentencia, los ministros de la Corte, Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari cuestionaron que el fallo que el 8 de abril firmó el juez de Casación, Víctor Violini, no tuvo en cuenta la diversidad de cada caso, los cuales no pueden ser resueltos en forma colectiva.

En ese sentido, para los jueces del tribunal superior, Violini adoptó decisiones “arbitrarias” al avanzar con un criterio automático -basado en generalidades como el universo de riesgo y en la clasificación de delitos “leves”- sobre la atribución de los jueces competentes para evaluar y discernir, en medio de la crisis sanitaria, “la adopción de medidas alternativas o morigeradoras respecto de personas privadas de su libertad” pasibles de contraer coronavirus, tal como estableció la resolución 52/20 dictada por la Corte y que, como se desprende de los fundamentos del fallo conocido ayer, Casación “desoyó”.

En otras palabras, se vulneró la competencia de los jueces naturales de cada caso, “a los que primordialmente se les dejaba solo el arbitrio de calificar el delito como grave o leve, objetable distingo impuesto por la sentencia de fecha 8 de abril”. Además de que “la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal”.

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Sin contar que ya en la práctica, esa división de fronteras entre uno y otro delito quedó difusa: entre los liberados hubo asesinos, violadores y narcos.

lA SITUACIÓN DE LA VÍCTIMA

¿Cuántos casos deberán ser revisados tras la sentencia de la Corte? Aunque no hay números precisos, los registros del Servicio Penitenciario Bonaerense dicen que más de 2.200 presos dejaron las cárceles provinciales por diferentes motivos entre el 17 de marzo y el 17 de abril. Es decir, antes y después de que Violini hiciera lugar al hábeas corpus presentado por los defensores oficiales.

Como se mencionó, ahora cada juez deberá resolver cada caso teniendo en cuenta los criterios ordenadores que estableció el tribunal supremo. Sin desatender los riesgos que la superpoblación carcelaria y la pandemia de coronavirus suponen sobre los detenidos, pero, menos aún, sin descuidar la situación de la víctima, en especial, su vulnerabilidad; por ejemplo, en casos de violencia familiar, género o agresión sexual.

Al detenerse en esos puntos, los ministros dirigen sus miradas hacia los otros dos poderes. El Legislativo, que en las últimas dos décadas ha impulsado leyes restrictivas en materia de excarcelación y morigeración de las penas, las cuales no han sido acompañadas con el aumento de plazas de alojamiento. Recuerdan que a octubre de 2019, había 48.827 detenidos en la Provincia, con una superpoblación que superaba al tercio de ese total. Y remarcan que el diseño de las políticas públicas “escapan a la competencia de los jueces”.

También, exhortaron a la Legislatura bonaerense a adherir a la ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada en 2017, pero que todavía no se efectivizó en la Provincia.

Hace exactamente una semana, la Corte admitió el recurso de queja presentado por el fiscal Altuve para que se declarara la inconstitucionalidad del fallo de Violini. Entonces, el tribunal superior suspendió provisionalmente los arrestos domiciliarios pendientes de ejecución, pero los beneficios concedidos hasta entonces se mantuvieron. Antes de resolver sobre la cuestión de fondo, el máximo órgano judicial de la Provincia reclamó los dictámenes del Defensor ante el Tribunal de Casación, Mario Coriolano, quien pidió por la continuidad del hábeas corpus, y del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, quien exigió lo que finalmente resolvió ayer la Corte: revocarlo y que cada juez revise las cuestionadas domiciliaras.

Para el máximo tribunal, la distinción entre delito leve y grave carece de base legal