La Provincia busca lograr consensos para una reforma jubilatoria ante el rojo del IPS

Junto con la crisis sanitaria y económica, el gobierno de Axel Kicillof tiene ante sí una batalla no menos urgente: revertir el déficit del Instituto de Previsión Social (IPS), una bola de nieve que empezó en 2017, con un rojo de mil millones de pesos, y que -según se calcula- crecerá este año hasta los 36 mil millones. “Hay que encontrar el equilibrio” repiten como un rezo en la Provincia, y en esa senda buscan lograr consensos para avanzar hacia una reforma que permita sanear la menguante caja jubilatoria de los estatales bonaerenses.

La idea de un proyecto de ley sobrevuela con fuerza, mientras se insiste en que la edad, la movilidad y el cálculo de los haberes son intocables. Tampoco sería una opción “armonizar” las ventajosas condiciones de retiro del sistema provincial con el tanto menos tentador de la Anses -temor que se agigantó luego de que el organismo nacional auxiliara al IPS con 6 mil millones de pesos-.

Esa fue la promesa que el grueso de los sindicatos bonaerenses rescataron de la reunión que, durante unas cuatro horas y por la plataforma Zoom, mantuvieron el jueves pasado con el titular del IPS, Eduardo Santín, y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

“Ratificaron que no se está pensando en ninguna armonización, que es el miedo principal de los gremios”, advirtió una fuente sindical que participó de ese encuentro virtual al que, entre otros, se sentaron representantes de ATE, UPCN, Fegeppba y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

La reunión fue la respuesta formal a una senda carta de principios de junio en la que, como pocas veces, los sindicatos cerraron filas para rechazar en forma “categórica” la mentada equiparación de sistemas, al mismo tiempo que reclamaron un “posicionamiento” del Gobierno sobre el tema. Por eso, hasta se especuló con la posibilidad de que el propio Kicillof apareciera en pantalla el jueves para llevar un mensaje de tranquilidad a los gremios. Pero el Zoom coincidió con la víspera del anuncio de la extensión de la cuarentena y quedó en manos de Ruiz Malec y Santín desgranar el estado de la situación previsional.

“No hay voluntad de avanzar sobre la caja de los jubilados, ni de modificar la edad jubilatoria, el cálculo o la movilidad -insistió Santín en diálogo con EL DIA-. Pero sí se habló de buscar los acuerdos necesarios para revertir el déficit actual”.

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Ese rojo, que se extiende como lava desde hace tres años compromete a unos 310 mil beneficiarios. Entre sus causas, el Gobierno enumera el congelamiento de vacantes en la administración pública -lo que priva al IPS de nuevos aportantes-; el nombramiento masivo de monotributistas -se habla de unos 50 mil que, en lugar de tributar a la Provincia lo hacían a la Anses- y otras igualmente numerosas jubilaciones de oficio, por las que al menos 20 mil agentes empezaron a percibir haberes a través del ente jubilatorio de la Provincia.

“Estas cosas no se pueden permitir más”, sentenció el titular del organismo que en abril pasado recibió 6 mil millones de la Anses, lo que para los gremios podría allanar el camino del traspaso del IPS a la Nación. Un temor que ya cundió en épocas de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal y que volvió luego de que Córdoba resolviera asimilar su régimen previsional con el de la Anses.

La resistencia de los estatales bonaerenses tiene sobrados fundamentos. En la Provincia, la edad de retiro es de 60 años para los hombres, mientras que los docentes -que son mayoría en el sector estatal- pueden jubilarse a los 50 y con 25 de aporte. Por la Anses, los hombres se jubilan a los 65.

Pero hay más. El haber provincial se calcula considerando los tres mejores años de aportes consecutivos o los cinco mejores alternados, permitiendo que el jubilado pueda retirarse con el mejor cargo que ha tenido. La Anses toma los últimos diez años de actividad.

Y está también el tema de la movilidad previsional, que en la Provincia depende de los aumentos que logre el personal activo. En la Nación, las mejoras se rigen por decreto presidencial.

Una alternativa para equilibrar las cuentas del IPS, sin alterar sus condiciones de retiro, podría estar en fortalecer la masa de aportantes. Otra, admitida por el propio Santín, en que los beneficiarios actuales demoren lo más que puedan el momento de jubilarse.

Hoy, se estiman 2,5 aportantes por cada jubilado, cuando deberían ser 4 por cada pasivo. Pasar a planta temporaria a los monotributistas, que beneficiarios que hoy aportan a la Anses o becarios del área de Salud empiecen a aportar al IPS o designar personal en planta permanente son algunas de las alternativas que anota Santín. Aunque se calcula que para alcanzar el equilibrio se necesitaría incorporar a unos 400.000 trabajadores, lo que demandaría una masa salarial extra inviable para la Provincia.

Por eso, en distintos ámbitos arriesgan otras medidas. Por ejemplo, que los afiliados en actividad aumenten en un punto su aporte, llevándolo del 14 al 15 por ciento sobre la remuneración percibida, siempre y cuando esa contribución sea igualada por el Estado, que hoy destina el 12 por ciento.

Otra posibilidad, muy resistida, sería que el primer mes de aumento de sueldo que reciban los estatales se destine al IPS. O que los propios jubilados hagan algún tipo de contribución. O poner topes a las jubilaciones más altas.

La intención, en cualquier caso, es equilibrar o -acaso- reducir el creciente déficit previsional bonaerense. Eso sí, “manteniendo las condiciones de retiro actuales. Todo lo demás está en discusión”, remató Santín.