Se debe investigar a las mafias que manejan a la venta ambulante

Resulta difícil de entender, cuando corren los días más estrictos de la cuarentena, que la venta ambulante haya vuelto a enseñorearse en La Plata, con manteros que se distribuyen a su gusto y placer en las veredas de 7, desde 45 hacia la plaza Rocha y de la comercial calle 8, en las transversales más céntricas y en torno a las paradas de colectivos que atraen más público en el casco urbano.

Ello, en un contexto signado por centenares de comercios que permanecen con las persianas bajas, algunos por la rígida restricción existente y otros ya vacíos, con carteles que rezan “se alquila”, por cierre definitivo. Lo primero que puede decirse es que resulta chocante el contraste entre un comercio regular, que cumple con todas las obligaciones y que permanece totalmente cerrado en cumplimiento de la ley, y la venta ilegítima que exhibe un renovado y al parecer imparable auge en la Ciudad.

Una primera conclusión podría indicar, entonces, que el “vale todo” puede más que el cumplimiento de las leyes y que nadie se ocupa de revertir esa tendencia. Pero lo que surge como imperativo es que las autoridades se decidan a investigar e identificar de una buena vez la existencia de organizaciones mafiosas, que son las abastecen a los manteros con mercaderías de dudosa procedencia, que incumplen con el pago de tributos correspondientes a Nación, Provincia y a la Municipalidad y que, además, no acatan las normas que prohíben la venta informal.

Hace pocas semanas se reflejó en esta columna la información acerca de que comerciantes de Tucumán y Santiago del Estero hubieran puesto de relieve que sus ventas habían crecido en forma exponencial, atribuyendo ese fenómeno a la casi total desaparición de la venta ilegal en las dos provincias. Ello ocurrió, explicaron, a partir de un efecto colateral de la pandemia en esa zona del Norte, ya que como producto de los controles en las rutas y en las fronteras por el COVID-19, las provincias norteñas experimentaron una fuerte disminución de la mercadería de contrabando, que llega desde Bolivia y desde el área metropolitana (AMBA).

Se sabe también que el crecimiento de la venta ilegal en La Plata ofrece cifras que debieran alarmar: en el último trimestre de 2019 la cantidad de puestos aumentó un 115,7 por ciento, según datos de la Cámara de Comercio y Servicios de la República Argentina (CAC). En ninguna otra localidad del país se experimentó ese incremento, de modo que nuestra ciudad figura, lamentablemente, en lo más alto del podio en esta materia. A título de ilustración, merece consignarse que en la cercana ciudad de Quilmes, con alta densidad poblacional y fuerte movimiento comercial, no hay vendedores ilegales.

Lo que ocurre en el Norte del país no es un dato menor. Bastaron unos pocos controles sanitarios que se efectivizan en rutas y fronteras -de índole sanitaria- y de ese modo quedó despejada la situación. Allí se detuvo el contrabando, el paso de la mercadería ilegal, que no pudo trasladarse hacia las dos provincias.

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Es hora, entonces, de que las distintas jurisdicciones afectadas inicien una investigación a fondo sobre las organizaciones mafiosas que siembran cada día más puestos informales de venta en La Plata. De lo contrario, habría que preguntarse, entonces, si es que podría existir algún mecanismo de protección que neutraliza los reiterados operativos de erradicación y que se muestra permisivo ante la venta ambulante, que hace oídos sordos a las leyes que la prohíben.

Con el telón de fondo de la circulación social restringida, la venta ilegal se enseñorea cada vez más, mientras el comercio legal -que paga impuestos, tasas, salarios y enfrenta otras erogaciones, como el alquiler en muchos casos- se encuentra entre la espada y la pared, con la eventualidad del cierre muy cercana y ya, lamentablemente, convertida en realidad en muchos casos. Se ha dicho ya y debe insistirse: La Plata debe dejar de ser la tierra prometida de la venta ambulante.